Cuando Gabriel Boric fue elegido, las expectativas ante su futuro mandato eran altísimas. No solo asumía como el presidente más joven de la historia chilena, sino que, a los 36 años, se convertiría en el presidente más joven en ejercicio en el mundo. La fascinación por el nuevo presidente millennial se expresó en varios medios internacionales. No obstante, junto con las grandes expectativas, el nuevo gobierno se enfrentaba a enormes desafíos. Boric asumió en medio de un proceso constituyente que buscaba dotar al país de nuevas reglas de convivencia luego de que un estallido social en 2019 pareciera demoler las bases de los acuerdos de la transición posdictadura. La victoria de Boric en la contienda electoral no fue fácil. De hecho, aunque en la segunda vuelta alcanzó una contundente victoria con más de 10 puntos de diferencia y un número histórico de votos absolutos, en la primera ronda el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, había alcanzado la mayoría relativa con casi 28% de los votos. Es más, Boric se convertiría en el presidente electo con menos votos en la primera vuelta (25,8%). Es decir, para llegar al récord de votos que obtuvo en el balotaje dependió de muchos votos «prestados», que no lo habían elegido como su primera opción. El desafío que significaba consolidar la coalición de segunda vuelta, en el contexto de un reflujo de los ánimos refundacionales que liberó el estallido social, era una barrera que el nuevo presidente tendría que saber sortear. Su juventud, que jugó un rol importante en su trayectoria hacia la Moneda, no sería suficiente. 

Apenas cumplido un año desde las elecciones, el ex-líder estudiantil ya se ha ganado varios reconocimientos internacionales, incluida la portada de la revista Time y su inclusión entre las 50 personalidades más importantes en una lista elaborada por Bloomberg. Ese año se vio marcado por el rechazo abrumador en las urnas a la propuesta constitucional nacida de una asamblea paritaria, con representación de pueblos originarios y mayorías progresistas. La derrota del nuevo texto, que debía dejar atrás el aprobado durante la dictadura, constituyó un duro golpe para la izquierda chilena en su conjunto. Ese primer año en el sillón presidencial significó el fin del discurso de «joven promesa» y puso al presidente ante las dificultades y oportunidades de gobernar, independientemente de su edad. «Nos dimos cuenta de que otra cosa es con guitarra», sintetizó el propio mandatario para describir las dificultades de pasar de las críticas desde la oposición a asumir el mando del Estado, con los conflictos sociales y políticos que incluyen la violencia en la confrontación chileno-mapuche en la Araucanía¹.

Para entender lo que ha ocurrido en la política chilena este último año, valdría la pena detenerse en el trayecto de dos luchas generacionales entrecruzadas pero diferentes. Se trata de dos luchas cuyo sentido ha mutado, así como su grado de sintonía. En primer lugar, nos referimos a los cambios en la sociedad chilena, marcados por la emergencia de una nueva clase media y por el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior, pero no a la calidad de vida prometida; en segundo lugar, a un recambio generacional en el nivel de la elite política en la disputa entre nuevas fuerzas y la tradicional coalición de centroizquierda, que lideró el proceso de transición democrática desde la década de 1990. Este recambio se puede ver no solo en la Presidencia de la República, sino también en una multiplicidad de alcaldías hoy gobernadas por varones y mujeres menores de 35 años, incluida la comuna de Santiago Centro, en manos de la alcaldesa comunista Irací Hassler, de 32 años.

La historia de dos luchas generacionales

El pensador comunista italiano Antonio Gramsci se refirió en sus textos a las «cuestiones de los jóvenes» –en plural– y vinculó la cuestión generacional a las de clase. Gramsci se refirió a la relación pedagógica entre «jóvenes» y «viejos», la cual, más allá de los inevitables conflictos y discordias generacionales, siempre estará, en última instancia, alineada con las condiciones estructurales de clase. Es decir, la problemática de los jóvenes y las diferencias generacionales no sería lo central de las disputas políticas y sociales del momento y es, necesariamente, superficial y pasajera, «a menos que se trate de interferencias de clase, es decir, que los ‘jóvenes’ (o una parte sustancial de ellos) de la clase dirigente (entendida en el sentido más amplio, no solo económico, sino también político-moral) se rebelen y pasen a la clase progresiva [la clase trabajadora]». También se refiere a contextos de «rebelión permanente» en los que la estructura no puede satisfacer las nuevas exigencias y esto resulta en el «paro permanente o semipermanente de los llamados intelectuales». Es más, Gramsci afirma que una situación como esta –crisis de las viejas estructuras sin el nacimiento de otras nuevas– deja a los jóvenes sin «horizontes abiertos» y va agravando los problemas que es incapaz de resolver. 

Es cierto que hoy las discusiones son formuladas con otros lenguajes y que la idea gramsciana respecto del rol dirigente de la clase obrera ha perdido peso en el pensamiento crítico. No obstante, podemos sostener que, en el caso chileno, la advertencia de que un debate atrapado en las disputas generacionales corre el riesgo de intoxicarse y distraer de las cuestiones centrales del momento político y social resuena con fuerza. La cuestión de los jóvenes y de las generaciones es inevitable y, en su justa medida, ayuda al progreso del cambio de la sociedad. Sin embargo, tan importante como reconocer el valor de esta cuestión es saber superarla y no quedar atrapados por sus múltiples formas, incluido el misticismo de una supuesta «juventud dorada».

Las tensiones generacionales no son nuevas en la política. Incluso se podría plantear que constituyen una parte inherente de los procesos de renovación y reemplazo mediante los cuales las sociedades avanzan en sus discusiones políticas y sociales. Pero hay un momento en la historia chilena reciente en el que la cuestión generacional y de los jóvenes pasó a la primera línea: el del auge del movimiento estudiantil de 2011. Ese año, lideradas por los estudiantes universitarios, cientos de miles de personas salieron a las calles reclamando por los altos costos de la matrícula universitaria y el endeudamiento y, de forma germinal, expresando su malestar por una promesa de progreso e integración que, en el mejor de los casos, se había cumplido solo parcialmente.

Estos jóvenes universitarios, en realidad, expresaban a dos actores políticos distintos, aunque aliados. Como explica el sociólogo Manuel Canales: «No fue uno, sino que fueron dos los actores sociales que convergieron en el 2011. Fue una alianza de clases, sí, entre el segmento progresista y crítico de las clases dirigentes, y la masa popular recientemente estrenada en las lides universitarias»². La lucha generacional, la disputa entre los nuevos jóvenes y las generaciones que los antecedieron, se dio en dos niveles: en un nivel de la lucha política, entre dirigencias que disputaban el espacio de representación institucional, y, subterráneamente, en una disputa social de jóvenes pertenecientes a la clase media emergente, hijos e hijas del proceso de modernización capitalista que vivió Chile en los años 90 y 2000.

En el nivel dirigencial, el terremoto social de 2011 sacudió la política chilena. Por un lado, los tres principales dirigentes del movimiento estudiantil –Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– se volvieron líderes de opinión con incidencia nacional. Los tres llegaron al Parlamento en 2014 y consolidaron así el arribo de una nueva generación que nunca vivió en carne propia la dictadura. Por otro lado, el impacto de las movilizaciones sociales de 2011 fue tan fuerte que alteró la composición de la coalición de centroizquierda (democristiana-socialista) que había gobernado los años 90 y primeros 2000. En un momento político que había cambiado, sus principales líderes se reagruparon en un proyecto más ambicioso que el construido en la etapa posdictadura. Nació así Nueva Mayoría, que se forjó con la incorporación del Partido Comunista –en el que logró ocupar un lugar destacado Camila Vallejo– y tuvo como líder a la socialista Michelle Bachelet. En 2014, Nueva Mayoría llegó al gobierno con un programa ambicioso y una mayoría parlamentaria nunca vista en ambas cámaras. Jackson y Boric no se incorporaron a Nueva Mayoría y terminaron de dar una estructura política a la disputa generacional: en 2016, se terminó de concretar una alianza de varios movimientos de origen estudiantil que adoptó el nombre de Frente Amplio (fa). Esta alianza le disputaría las presidenciales a la centroizquierda en 2017 con la candidatura de la periodista Beatriz Sánchez, que obtuvo 20% de los votos.

Cinco años después de la constitución del fa, Boric, acompañado por Jackson y Vallejo, entraría a la Moneda como presidente. Entre medio, Chile viviría su movilización social más masiva y crítica del ordenamiento político y social nacional (más aún que la de 2011). El 25 de octubre de 2019 salieron a las calles millones de personas; en la que fue posiblemente la marcha más masiva de la historia del país, se manifestaron diversos grupos de la sociedad. Reclamaban por las desigualdades, los abusos y las injusticias y por lo que percibían como una institucionalidad política que no «escuchaba».

Es difícil especificar los sujetos y las demandas que protagonizaron una movilización tan masiva y transversal, pero al menos una parte se vinculaba a la nueva clase media emergente. Como explica Canales, en octubre de 2019 se habría movilizado un sector que en 2011 fue representado por una elite progresista, pero que en esta ocasión no tenía voceros ni pliego de demandas. Es más, Canales llega a afirmar que «las nuevas generaciones populares» estuvieron en la base del estallido social de 2019³.

En el mundo, y en Chile, el debate político se ha definido desde finales de la década de 1980 por la creciente preponderancia de las clases medias en la mayoría de las democracias. Vale decir, los hijos de la clase trabajadora que, gracias a nuevos accesos a la formación técnica y profesional, han logrado superar la barrera de la pobreza. En el caso chileno, el reciente desarrollo capitalista, iniciado a fines de la dictadura, estaría marcado por dos dinámicas que han definido a estas capas medias. Por un lado, el acceso al consumo, que ha traído patrones de conducta individualizantes y alejados de proyectos comunitarios o colectivos. Por otro lado, y de modo hasta cierto punto paradójico, una fuerza democratizadora que ha empujado demandas crecientes por derechos civiles y sociales. En Chile, el proceso neoliberal y la democratización se han implementado en conjunto y han penetrado la vivencia cotidiana de importantes segmentos de la población. 

Al igual que en el sistema económico en su conjunto, en el subsistema educativo las máximas de competencia y emprendimiento privado se volvieron casi un dogma. Este sistema logró aumentar sustancialmente la cobertura en educación superior, que pasó de 16% a 46% entre 1990 y 2011⁴. Sin embargo, este crecimiento es una de las razones que explican las fuertes movilizaciones de 2011. Las contradicciones del sistema de educación superior llegaron a involucrar a una proporción nunca vista de la población chilena. Millones habían depositado su confianza y sueños en las manos del sistema educativo y lo que encontraron distaba radicalmente de lo esperado. Esta situación configuró un sistema de educación superior que mantiene una elite, ya no tanto limitando el acceso, sino estableciendo diferenciaciones por tipo de institución y programa al que se puede acceder⁵. Como explica Canales, esto generó una nueva olla de presión cuando «ya no ser pobres» no fue suficiente y se resintió el «techo de estamento» que se percibía «siempre tan bajo y sofocante»⁶.

Este proceso de cambio social ha venido acompañado de una crisis de la mediación política y, en particular, del debilitamiento de los partidos. Un fenómeno que ha marcado la política chilena de los últimos años ha sido la caída de la confianza en las instituciones. En ese marco, ninguna institución resultó tan golpeada como los partidos políticos. No solo se trata de que estos apenas alcanzan 4% de confianza, sino que además hay un fenómeno de largo plazo vinculado a la desidentificación con ellos que se ha acelerado en la última década. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% en 2006 a 22% en 2019. Es más, algunos estudios recientes han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad⁷. El estallido social liberó una fuerte ola de indignación, pero su posición en el eje izquierda-derecha fue difusa. Pese a que varias de las demandas que emergieron de él «sonaban» de izquierda (derechos sociales, ecologismo, feminismo, etc.), la identidad de izquierda era y sigue siendo débil en el país. En cambio, las posiciones democratizadoras antielite son mucho más claras. Por ejemplo, en la última encuesta Latinobarómetro, 86% respondió que se gobernaba en el país para interés de los poderosos y no de todo el pueblo (el valor más alto registrado para Chile y el cuarto más alto de América Latina para esta versión).

Este debilitamiento de la confianza ha llegado, por cierto, también a los nuevos espacios de mediación que formaron las generaciones políticas de 2011. En el «reventón» de 2019, en gran medida, se apuntó con el dedo a todos los dirigentes políticos, incluidos los que habían hecho lo mismo en 2011 contra las generaciones previas. La historia del estallido social de 2019 es, en parte, la historia del quiebre de una alianza de jóvenes dirigentes y de la clase media emergente que protagonizó las protestas callejeras. Las dos luchas generacionales, la de la elite dirigencial y la de los jóvenes populares de la nueva clase media, ya no se veían en clara sintonía.

La era Boric

Más que un programa de izquierda tradicional, lo que Boric ofreció para la primera vuelta presidencial era un camino de profundización democrática, imbuido en las nuevas demandas feministas, ecologistas y progresistas del siglo xxi. Un programa que prometió una sociedad más equitativa en términos de distribución de la riqueza, pero, sobre todo, en términos de reconocimiento social, de sectores que se sintieron marginados por la desigualdad e indignados con esa marginación. En definitiva, el planteo era «democratizar la democracia», reuniendo las preocupaciones por el «fin del mundo» (ecologismo) con el «fin de mes» (derechos sociales). Frente a dos años de convulsiones sociales, el atractivo de la candidatura de Boric provino de la promesa de alcanzar cambios profundos en el modelo económico y una renovación de las dirigencias políticas, pero también de que el camino a ese cambio se basara en un diálogo institucional y republicano y tuviera un horizonte de tranquilidad.

Luego del resultado de la primera vuelta presidencial, Boric le escribió una carta al Consejo General de la Democracia Cristiana. En la misiva en la que le pedía su apoyo para la segunda vuelta, recalcaba: «La arrogancia generacional es una mala consejera», y apuntaba que «no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia». Más aún, se comprometió a que, de ser electo, sería un presidente que dialogaría con todos, sin distinción.

Cuando Boric finalmente ganó la segunda vuelta, su proceso de instalación se vio marcado por múltiples gestos de apoyo e incluso de cariño. En su oficina de instalación (denominada la «Moneda chica»), las personas se aglomeraban para poder conversar con el joven político. Incluso algunos empezaron a hablar de «Boricmanía». Sin embargo, las concentraciones de personas mostraban más las elevadas expectativas que apoyo masivo. Apenas cumplidos 100 días en el cargo, el apoyo al flamante presidente alcanzaba el 41%, con 46% de desaprobación⁸. Si bien los dos gobiernos que precedieron al de Boric (los de Bachelet y Sebastián Piñera) tampoco gozaron de grandes niveles de apoyo durante su mandato, ambos disfrutaron de una luna de miel durante el primer año que no se repitió en el caso de Boric.

Junto con razones estructurales, como los mencionados niveles de desidentificación partidaria y desconfianza hacia las elites, algunos incidentes del nuevo gabinete profundizaron la distancia con el público. Un hito particularmente doloroso fue la accidentada visita a la Araucanía de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, en un intento de establecer canales de diálogo con algunas comunidades mapuche. Una de las mayores críticas al gobierno de derecha de Piñera había sido precisamente por su manejo del conflicto entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche. Sin embargo, el ambicioso plan de diálogo se enfrentó a un muro de desinterés por parte de sectores radicalizados que recibieron a la ministra con una barricada y balazos lanzados al aire.

En gran medida, el fracaso de este intento de diálogo inauguraba un nuevo clima en la opinión pública, que pasó a estar focalizada en las demandas de orden y seguridad pública por sobre las demandas de derechos sociales y profundización democrática. Todas las encuestas, sin excepción, mostraban consistentemente que la primera prioridad de la población era el orden y seguridad pública. Más aún, la razón principal aducida para la desaprobación presidencial, con 61%, era justamente este asunto. Lo seguía de cerca «falta de experiencia»⁹. La demanda de juventud y recambio de elite parece haber dado paso a una demanda de seguridad y certidumbre. La caída de la propia Siches, una joven médica que había sido la figura estrella de la campaña de Boric para la segunda vuelta, muestra las dificultades mencionadas para transformar las expectativas de cambio en realidad.

Probablemente, la mayor expresión de este cambio en el clima político haya sido el resultado del plebiscito constitucional, en el que por una aplastante mayoría de 62%, con una participación electoral nunca vista, se rechazó el texto propuesto por la Convención Constitucional, creada en respuesta al estallido social de 2019. Mientras que una parte de la explicación del rechazo se puede encontrar en su posicionamiento en el eje izquierda-derecha, con el texto situándose a la izquierda de la mayoría de la población, es posible que, paradójicamente, en el rechazo se exprese una continuidad del antielitismo que se manifestó en el estallido social de 2019, un antielitismo que encontraba su versión no progresista o antiprogresista. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Boric desde su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del rechazo.

En cualquier caso, el resultado del plebiscito implicó un cambio importante en el proyecto de las nuevas dirigencias políticas que acompañan a Boric. La coalición inicial de gobierno denominada Apruebo Dignidad (integrada por el fa y el Partido Comunista) está en minoría en ambas cámaras del Congreso y, tras el cambio en las prioridades ciudadanas y una derrota contundente en el plebiscito, se vio obligada a reagruparse. De este modo, se realizó un cambio de gabinete por el cual varios de los compañeros de ruta del presidente, sus «aliados generacionales», abandonaron el primer lugar y fueron reemplazados por políticos pertenecientes a la tradición de centroizquierda y a otra generación. En particular, uno de los cambios más notorios fue la mencionada salida de Siches y su reemplazo por Carolina Tohá, importante dirigente de la histórica coalición de centroizquierda. El gobierno, luego del plebiscito, abandonó así su impronta generacional. En una especie de tregua de elites políticas, el proyecto político de Boric dio pasos significativos para dejar atrás las luchas generacionales que habían marcado la última década de la discusión y disputa en la izquierda y centroizquierda.

Un nuevo ciclo político

No hay nada intrínsicamente mejor en ser joven. Es interesante que este atributo haya podido ser un elemento deseado por la población en un momento y temido en otro. En parte, la tensión se da entre la demanda de renovación y reemplazo de la elite, por un lado, y la demanda de seguridad y certidumbre, por el otro. En este sentido, la «juventud» no depende tanto, para estos aspectos, del año de nacimiento, sino de cuán bien se reflejan estas dos polaridades.

De algún modo, el primer año del gobierno de Boric ha terminado siendo la consolidación de un punto medio entre estas polaridades. La última década de la política chilena estuvo marcada por la disputa entre la generación política nacida en 2011 y la generación que comandó la política en la década de 1990 y 2000, la generación millennial y la boomer. El gobierno de Boric no ha terminado siendo la imposición del 2011 sobre la segunda, sino una especie de tregua frente a una sociedad igualmente escéptica de sus dirigentes, sin importar la edad de estos. En este sentido, ha jugado un rol crucial la generación intermedia, la que se forjó en las protestas de estudiantes secundarios a finales de los 80 y se mantuvo en roles de segunda línea durante las dos décadas que gobernó la centroizquierda. Pocos representan de manera más clara este renacer de la llamada «Generación x» que Tohá, una de las mejor evaluadas del gobierno¹⁰. El fin de la arrogancia generacional y, de algún modo, de la «juventud», abre la puerta a que la discusión de la izquierda y centroizquierda pueda darse más allá de la cuestión de los jóvenes, contra la que advertía Gramsci.

Por otro lado, mientras que las disputas generacionales en la elite han ido conduciendo a un acuerdo de convivencia, existe el peligro de que el otro mundo de los jóvenes, el de los que «patearon piedras»¹¹ estos años y se manifestaron en el estallido, no encuentre su espacio de representación. La elite se despolariza generacionalmente, mientras la ciudadanía se vuelve crecientemente antielite. De algún modo, la pregunta que queda por responder es si este nuevo equilibrio es resultado de una nueva alianza de clases o un quiebre irresoluble entre clases. En cualquier caso, la política chilena ha acordado empezar un nuevo proceso constituyente, muy distinto al anterior¹². Si en el primer proceso que dio vida a la propuesta rechazada primó el afán sacrificial de la elite política en su intento de apertura, en este nuevo proceso primó la demanda de seguridad y certezas. 

Con tres años por delante, el gobierno del presidente Boric tiene la posibilidad de generar las bases de un nuevo pacto social que incorpore a sectores de la sociedad que miran a la clase dirigente con sospecha. En el año transcurrido, la nueva izquierda del presidente Boric y su proyecto generacional ha vivido cambios. Y en ese contexto, su principal desafío será escuchar las demandas de la sociedad, incluso por encima de la propia historia «generacional» del movimiento que lo llevó a la cima del poder.