Tema central

La cultura política del sandinismo


Nueva Sociedad 304 / Marzo - Abril 2023

¿Cuándo se puede «fechar» el rumbo autoritario de Daniel Ortega? ¿Se trata de una traición a los principios de la revolución de 1979 en una deriva patrimonialista neosomocista? ¿O más bien hay que buscar las raíces en el sandinismo original? Un repaso por el proceso sandinista, la contraofensiva de la Contra y el neosandinismo actual puede dar claves para pensar un régimen cada vez más dependiente de la «mano dura».

<p>La cultura política del sandinismo</p>

A nadie se le ocurriría ver hoy en la forma en que ejerce el poder en Nicaragua la pareja formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo algo diferente de un régimen tiránico. En la derecha, es un caso cerrado desde hace mucho tiempo, lo que no excluye una tranquila aceptación de la prolongada colusión de los sectores empresariales y una parte de la Iglesia católica con Ortega a lo largo de 11 años (2007-2018). En la izquierda, diferentes familias políticas comprendieron que Nicaragua vive bajo un régimen de terror. Finalmente, incluso los miembros de las izquierdas «radicales», que hasta hace poco fueron muy reacios a criticar las derivas totalitarias de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, han decidido ya hablar sin rodeos de la «dictadura de Ortega-Murillo» y asumir la defensa de los presos políticos nicaragüenses. No cabe sino celebrar este consenso en la denuncia de una tiranía cada día un poco más brutal e impopular. Queda por entender cuál es su forma política. Según algunas críticas de antiguos compañeros de ruta de la revolución, tanto en el continente americano como en Europa, así como de analistas de la política nicaragüense, esta dictadura daría cuenta de un proyecto de restauración de formas de dominación patrimonialista, similar a la ejercida por los Somoza entre 1936 y 1979. Cabe preguntarse, sin embargo, si esta «deriva autoritaria» de Ortega no es mucho más antigua. En efecto, las praxis que son el centro de atención desde su regreso al poder en 2007, que han llegado a su paroxismo desde 2018, tienen sus orígenes en los años de la Revolución Sandinista. Así, mi análisis se centrará sucesivamente en los hechos ocurridos desde 2018 y la dinámica que revelan; luego, en la pertinencia de la comparación entre el patrimonialismo de los Somoza y las formas del poder de Ortega y Murillo; y, finalmente, en los lazos entre el sandinismo de la década de 1980 y la praxis del matrimonio Ortega-Murillo desde 2007.

2018-2023: el camino hacia la tiranía

De abril a fines de junio de 2018, Nicaragua vivió una crisis que recuerda en muchos aspectos aquella que marcó el fin del régimen somocista 40 años atrás. Surgido de la ira por la inacción del gobierno ante los incendios de la Reserva Biológica Indio Maíz, y reavivado por el rechazo a un proyecto de reforma de la seguridad social, el movimiento de protesta se generalizó y paralizó el país durante tres meses. En pocos días, no solo la juventud sino también el empresariado, las iglesias, los movimientos feministas, los movimientos campesinos, los diferentes partidos rivales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln), los intelectuales y los artistas reclamaron la dimisión del gobierno y la celebración de elecciones generales. Las manifestaciones reunieron a cientos de miles de personas en Managua y a decenas de miles en los departamentos. El país se llenó de barricadas. Se tomaron universidades y algunos barrios se proclamaron «territorios libres de la dictadura». Los activistas, en su mayoría jóvenes provenientes de los sectores populares, fueron protegidos, abastecidos y atendidos por la población, a veces poniendo en riesgo su vida. La Iglesia católica hizo lo propio. Las encuestas de opinión mostraron, mes a mes, que más de dos tercios de la población deseaba la dimisión de Ortega y Murillo. Lo más notable fue la pérdida de eficacia simbólica del poder. Otrora imagen de estabilidad y de orden, en especial entre los sectores empresariales, el matrimonio Ortega-Murillo fue percibido a partir de entonces como la encarnación de la barbarie y el caos. El país fue presa de lo que los redactores de la revista Envío llamaron con gran acierto «insurrección cívica».

A partir de comienzos de julio, tras los intentos de negociación y el retiro del proyecto de reforma de la seguridad social, Ortega y Murillo optaron por una brutal represión que quebró al movimiento de protesta, pero consolidó un duradero rechazo de la población hacia ellos. En un país con unos seis millones de habitantes en 2008, de abril a junio más de 300 personas fueron asesinadas y 2.000 resultaron heridas por los disparos de la policía y los grupos de choque del fsln. Cientos de personas fueron detenidas, golpeadas, violadas, a veces sometidas a simulacros de ejecución y luego, en su mayoría, liberadas. Otras fueron detenidas y torturadas durante meses. Finalmente, cientos de personas, entre ellas líderes de movimientos sociales, en especial campesinos y estudiantes, fueron acusadas de «terrorismo» y de propiciar un «golpe de Estado», y condenadas a decenas de años en prisión. Estas medidas de terror fueron reivindicadas públicamente por Ortega y Murillo. Miembros de la jerarquía del fsln y de la policía desertaron, y algunos fueron asesinados. Ortega y Murillo denunciaron una conspiración organizada desde Estados Unidos por los nostálgicos de la Contra, el movimiento contrarrevolucionario de los años 80, calificaron a la Iglesia católica de secta satánica y llamaron «a defender la revolución por todos los medios». Al hacerlo, reintrodujeron el lenguaje del díptico pueblo/enemigos del pueblo que había sido utilizado durante los años de la revolución, especialmente cuando grupos de campesinos e indígenas, los futuros contras, se sublevaron para denunciar la política agraria del régimen y obligarlo a negociar, al comienzo sin ningún apoyo de eeuu.

De agosto a noviembre de 2018, según las palabras de Ortega y Murillo, llegó el momento de «un regreso a la normalidad», que estuvo acompañado por la represión contra los líderes de la oposición, los movimientos sociales y los medios de comunicación. Se despidió de los hospitales públicos a quienes habían atendido a los manifestantes heridos. A partir de diciembre de 2018, llegó la hora de las persecuciones mucho más sistemáticas contra ong y órganos de prensa independientes. El gobierno expulsó finalmente a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh). Si bien el régimen retomó las negociaciones a comienzos de 2019 y liberó a algunos prisioneros, esto no fue sino un simulacro. En efecto, a partir de mayo de 2021, se reiniciaron metódicamente las persecuciones contra todos los sectores de la oposición, las ong, las universidades, los medios de comunicación independientes y la Iglesia católica. 41 destacados opositores fueron detenidos y acusados de «conspiración», «intento de golpe de Estado» y «lavado de dinero». Salvo algunas excepciones, los detenidos fueron encerrados en celdas de aislamiento y sometidos a torturas. Los principales partidos de la oposición –Ciudadanos por la Libertad (cxl) y Resistencia Nicaragüense (rn)– y 39 ong y asociaciones fueron disueltos, y sus bienes, confiscados por el Estado. En agosto de 2021, las fuerzas del orden ocuparon las alcaldías en manos de la oposición y todos los opositores fueron destituidos de sus funciones. El 8 de septiembre de 2021, tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar1, donde narra la represión del levantamiento de 2018, Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega en la década de 1980 antes de convertirse en uno de sus más firmes opositores, fue también acusado de «lavado de dinero y de bienes [mal adquiridos]; menoscabo a la integridad nacional, (...) provocación y conspiración». Todos estos actos mostraron con claridad cuál sería en adelante la estrategia de Ortega y Murillo: mantenerse en el poder sin preocuparse por las protestas de los nicaragüenses y la comunidad internacional; celebrar, a cualquier costo, elecciones en noviembre de 2021 para asegurar su reelección y la elección de una cámara bajo su control y, con ello, tratar de recuperar su legitimidad.

En las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, los únicos autorizados a competir fueron, para los comicios presidenciales, el presidente y la vicepresidenta sandinistas en ejercicio, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ambos candidatos a la reelección, además de cinco candidatos que no representaban ninguna amenaza. Para las elecciones en el Parlamento, solo pudieron presentarse los candidatos del fsln y algunos provenientes de otros partidos que aceptaban el control del matrimonio Ortega-Murillo sobre el país. Los demás candidatos de la oposición que reclamaban una elección libre no pudieron competir. Preocupado por mostrar la adhesión del pueblo nicaragüense al matrimonio gobernante, el Consejo Supremo Electoral (cse), en manos de miembros del fsln, falseó las cifras de la participación en las elecciones, así como las de los votos a favor del oficialismo. Según este organismo, concurrió a las urnas 65,6% de los electores. Ortega y Murillo, así como sus candidatos a diputados, habrían obtenido 75,8% de los sufragios emitidos. Observadores independientes contradijeron estas estimaciones y calcularon que la abstención había sido de 81,6% y que los candidatos del fsln, en el mejor de los casos, solo habrían obtenido 27% de los votos2.

En 2022, tras asumir funciones Ortega y Murillo para su nuevo mandato, las persecuciones a la oposición comenzaron otra vez con mayor intensidad. Las 41 personalidades detenidas durante los meses de mayo y junio de 2021 fueron juzgadas y condenadas a largas penas de prisión (entre 7 y 13 años) y a la pérdida de los derechos civiles. Todos sus procesos se instruyeron sin que los acusados tuvieran posibilidad alguna de organizar su defensa. Las pruebas presentadas para respaldar las acusaciones de «lavado de dinero» y de «conspiración contra la integridad nacional en perjuicio del Estado y de la sociedad» fueron falsificadas, a veces de manera muy grosera. Paralelamente a estos procesos, las medidas contra los medios de comunicación, las universidades privadas, las ong y las asociaciones religiosas se multiplicaron. 896 fueron disueltas, sus bienes fueron confiscados y algunos de sus responsables, e incluso de sus miembros, fueron detenidos. En consecuencia, los líderes de la oposición política y de la sociedad civil se encuentran hoy encarcelados o exiliados.

En enero y febrero de 2023, los ataques contra la Iglesia católica se volvieron mucho más sistemáticos. Desde luego, el gobierno ya había expulsado al nuncio apostólico, empujado al exilio a varios sacerdotes y a un obispo, cerrado la congregación de Hermanas de la Caridad, y encarcelado y procesado a una decena de sacerdotes. Esta vez, inició un proceso contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, detenido en mayo de 2022 y acusado de «conspiración» por sus críticas al gobierno en sus homilías. Finalmente, también en enero, tres altos responsables de la policía a cargo de las operaciones de represión de las manifestaciones de 2018, bajo sospecha de querer desertar y exiliarse, fueron acusados de actos de corrupción y detenidos. 

La paradoja es que, debido tanto a las sanciones de eeuu y de los países europeos como al repudio de la opinión pública internacional, el matrimonio Ortega-Murillo decidió en febrero liberar, quitarles la nacionalidad y expulsar a 222 prisioneras y prisioneros políticos, considerados «mercenarios». Es poco decir que este destierro de los líderes encarcelados a partir de mayo de 2021 y juzgados en 2022, y de muchos otros arrestados paralela o a veces anteriormente, es una indudable señal del acorralamiento del régimen nicaragüense. 

En síntesis, aun tomando en cuenta esta liberación masiva de presos políticos, desde la represión a la «insurrección cívica» de 2018, el matrimonio que gobierna Nicaragua no solo reprimió metódicamente todas las manifestaciones y formas de oposición, ignorando todas las leyes nicaragüenses, sino que procedió de facto y de jure a una verdadera abolición del Estado de derecho que había sido instaurado en 1990.

Un nuevo tipo de tiranía

Muchos observadores retomaron el paralelismo trazado entre Somoza y el matrimonio Ortega-Murillo, haciéndose eco del eslogan de los manifestantes nicaragüenses de abril-junio de 2018 que reclamaban su dimisión y elecciones libres. Este punto de vista coincide en parte con el de Sergio Ramírez, Dora María Téllez y otros ex-sandinistas no menos importantes, como Henry Ruiz y Mónica Baltodano. Todos ellos consideran que el regreso de Ortega al poder no es en absoluto la «segunda etapa de la Revolución Sandinista», sino el primer momento del intento de instaurar un poder dinástico y patrimonialista. Ahora bien, el paralelismo entre los Somoza y los Ortega-Murillo ¿tiene fundamento? La tiranía de estos últimos ¿es similar a la de los primeros?

Varios hechos pueden alimentar esta interpretación. El primero es la intención de la familia Ortega-Murillo de apoderarse de los recursos del país, así como de patrimonializar el aparato del Estado ubicando a sus hijos o familiares en puestos claves. Se trata al respecto de un proyecto «cleptocrático»3 que tiene más de un rasgo en común con el de los Somoza a lo largo de su reinado (1937-1979). Al igual que ellos, Ortega y su familia gozan de una de las fortunas más grandes del país y multiplican en beneficio propio el sistema de sobornos y el uso de información privilegiada. El otorgamiento en 2013 de una concesión para la construcción de un canal interoceánico a un consorcio chino –hkdn Nicaragua Canal Development–, en condiciones totalmente desventajosas para el país, así como la participación en el saqueo de áreas protegidas de bosque primario como consecuencia de la multiplicación de las concesiones mineras, especialmente auríferas, y la tala ilegal de bosques tropicales, son hechos emblemáticos de esas prácticas. Del mismo modo, la familia Ortega-Murillo y sus hijos están acusados de actuar en connivencia con los traficantes de cocaína que atraviesan el territorio nicaragüense para enviar su mercadería a México y luego a eeuu4

Finalmente, nadie ignora que Rosario Murillo sueña con suceder a su marido, quien según se sabe está enfermo de lupus, y ver luego a uno de sus hijos heredar el poder para seguir gobernando el país. Las cosas son además tan evidentes que existe una serie de bromas que comparan al último de los Somoza y a su hijo, apodado El Chigüín (el nene de papá), con el matrimonio Ortega-Murillo y sus propios hijos. Al igual que Anastasio Somoza García (1937-1947, 1950-1956), Ortega supo pactar con los principales dirigentes políticos del país para perpetuarse en el poder, gracias a elecciones amañadas o fraudulentas, sin competidores reales, cooptando mediante prebendas a una parte de sus opositores políticos, el mundo empresarial y la jerarquía católica. Si bien Somoza García también se había hecho fuerte gracias al control de las Fuerzas Armadas del país, Ortega logró en cambio imponerse retomando las riendas del fsln en la década de 1990, gracias a los recursos financieros ofrecidos por Muamar Gadafi. Luego selló un pacto de impunidad y poder con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2002). Este pacto buscó resolver las causas judiciales de ambos: en el caso de Alemán, sus denuncias de corrupción; en el de Ortega, las denuncias públicas de violación realizadas en 1998 por su hijastra Zoilamérica Narváez. (La jueza sandinista a cargo del caso declaró la denuncia inadmisible. A pesar de esta decisión, en 1999 Ortega debió enfrentar una nueva denuncia, esta vez presentada ante la cidh, y finalmente la denuncia fue retirada gracias a las presiones de Rosario Murillo sobre su hija). Mediante este pacto, ambos caudillos se repartieron, a la vista de todos, las instituciones del Estado, incluidas las de control. Alemán buscó paz social, garantizada por el fsln, para su proyecto neoliberal, y una banca de diputado automática como ex-presidente tras su salida del poder en 2002, para mantener su inmunidad. Ortega, con más provecho, se sirvió del pacto para impulsar una reforma de las leyes electorales que le permitiera ser elegido presidente en primera vuelta con solo 35% de los votos emitidos, en la medida en que superara en cinco puntos porcentuales al segundo mejor posicionado, lo que finalmente ocurrió en 2006. Luego prohibió que participaran en las elecciones, o manipuló, a los partidos capaces de ejercer verdaderamente el papel de opositores, tanto en 2011 como en 2016. Realizó además numerosos fraudes en esos tres escrutinios. Reformó la Constitución para poder ser reelecto indefinidamente. Y, por último, organizó una elección totalmente controlada por él en 2021. 

Esta comparación tiene la virtud de desacralizar al personaje de Ortega, al que se lo ve hoy como un tirano envejecido, brutal y rapaz. Pone además el acento en la represión desplegada a partir de 2007, que alcanzó su paroxismo en 2018 y recuerda en muchos aspectos la de Somoza. Sin embargo, cabe introducir al respecto importantes distinciones entre el contexto en que tuvieron lugar las exacciones de los Somoza y aquel en el que actúa el matrimonio Ortega-Murillo. Los primeros enfrentaron en reiteradas oportunidades acciones armadas de gran envergadura: demostraciones de fuerza de los conservadores apoyados por Costa Rica en 1947-1948 y de nuevo en 1959, el asesinato del fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, en 1956, las acciones esporádicas del fsln a partir de los años 1960 y, finalmente, las insurrecciones de 1978 y 1979. Respondieron con una violencia que no se compara con la del matrimonio Ortega-Murillo. La represión de la insurrección de septiembre de 1978 produjo entre 1.500 y 2.000 muertos. Finalmente, entre abril de 1979 y el 19 de julio del mismo año, el país estuvo sumido en una verdadera guerra civil, que causó al menos 10.000 víctimas5. En otras palabras, cualquiera haya sido la violencia desmesurada desplegada por la policía y los paramilitares de Ortega, así como las crueldades sufridas por las personas detenidas y las iniquidades de los procesos iniciados contra los opositores a partir de 2022, estamos muy lejos de la violencia desplegada por la Guardia Nacional somocista. 

Pero este paralelismo entre el somocismo y el gobierno de Ortega y Murillo no deja de ser equívoco por otras razones: elimina un rasgo decisivo de la experiencia política de estos dos últimos. Ortega y Murillo no son en absoluto héroes revolucionarios probos, a los que el regreso al poder y a sus beneficios habría corrompido recientemente. Por el contrario, Ortega es un personaje clave en la transformación totalitaria de este proyecto inicialmente pluralista y no alineado, que significó el derrocamiento de Somoza y la revolución del 19 de julio de 1979. En otras palabras, si tenemos que hacer la comparación entre el somocismo y el orteguismo, no podemos evitar un análisis crítico de los momentos totalitarios de la Revolución Sandinista en la década de 1980.

El regreso de los esquemas totalitarios

A falta de espacio para un extenso análisis, recordemos brevemente los hechos. Es sabido que la aceptación del proyecto político que se negoció entre los diferentes componentes de la oposición a Somoza a partir de 1978 y que permitió su derrocamiento solo fue para la mayoría de los cuadros sandinistas una suerte de estratagema. Incluso antes de su llegada a Managua, su objetivo era imponer su hegemonía en el proceso revolucionario. El primer gesto emblemático fue la designación de un quinto miembro en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (jgrn), Daniel Ortega, lo que permitió a los sandinistas obtener la mayoría. Este propósito no fue menos discernible en la voluntad de la dirección nacional del fsln de establecer, a partir de 1979, su control sobre la policía, pero también sobre el ejército y la justicia, así como sobre la gestión de los bienes confiscados tanto en las zonas urbanas como rurales. Este apoderamiento del aparato del Estado estuvo acompañado por un control metódico de los poderes sociales: los comités surgidos durante la guerra civil, las asociaciones de mujeres y jóvenes, los sindicatos y las asociaciones profesionales; a esto se sumó la intención de poner bajo la tutela del poder revolucionario a los medios de comunicación y las iglesias. Esta fagocitación de las instituciones y de la sociedad estuvo acompañada por la persecución y la expulsión, a veces muy brutales, de sus antiguos aliados. Desde este punto de vista, algunas fechas son emblemáticas: la reunión de cuadros sandinistas de agosto de 1979, la llamada Asamblea de las 72 horas, en la que se dieron consignas en este sentido; la reforma en diciembre de 1979 del gabinete ministerial, del que fueron expulsados todos los ministros no sandinistas en beneficio ya sea de miembros de la dirección nacional del fsln, que constituyeron inmediatamente el poder real en el país, o de figuras confiables; y, finalmente, la ampliación del Consejo de Estado en mayo de 1980, con el fin de otorgar una mayoría a los sandinistas, que hasta entonces debían transigir en minoría con los demás actores de la revolución. Paralelamente, a partir del segundo semestre de 1979, los sandinistas decidieron aliarse con el bloque soviético. Esta decisión no fue en absoluto forzada por la política de eeuu, que buscaba obstaculizar el proyecto original de la revolución. Por el contrario, el gobierno de Jimmy Carter no solo tuvo numerosos gestos amistosos hacia la revolución, sino que brindó una ayuda sustancial al país6.

La imposición de este proyecto dictatorial estuvo acompañada por el otorgamiento de numerosos privilegios a los nuevos cuadros del régimen: vehículos, viviendas y personal de servicio, tiendas de bienes de consumo. Si bien los responsables sandinistas y sus aliados no se convirtieron en propietarios de los bienes muebles o inmuebles que utilizaban, algunos se lanzaron a partir de 1979 a prácticas de desvíos de fondos y a la creación de verdaderos botines en bancos extranjeros. Este sentido del «botín» en beneficio de la nueva clase dirigente se confirmó a lo largo de los años 80 y fue evidente durante la derrota electoral de los sandinistas en 1990. Uno de los últimos gestos de los parlamentarios de este grupo fue aprobar leyes que autorizaban cómodas transferencias de propiedades en beneficio de los sandinistas, la famosa «piñata». 

De esta manera, en 12 meses, de agosto de 1979 a julio de 1980, los sandinistas impusieron la hegemonía de su partido y de su aparato burocrático, así como ciertos hábitos de prevaricación en su beneficio. Paralelamente, desde los primeros momentos de la revolución de 1979, Ortega se convirtió en un aprendiz de dictador.

Esto significa que las formas dictatoriales y prevaricadoras de hoy deben relacionarse con las de los años 80. La caza de brujas que lanzó Ortega contra los medios de comunicación independientes, las ong y los movimientos feministas a partir de 20087 y su política de terror contra la oposición a partir de 2018 se asemejan en muchos aspectos a las acciones del fsln contra sus opositores en los años 80. En efecto, debe recordarse la persecución que sufrió rápidamente el diario La Prensa, cuya publicación se prohibió en abril de 1980 y, de manera reiterada, hasta septiembre de 1981. Luego fue sometido a censura previa y se prohibió su publicación en 1985, hasta los acuerdos de paz de 1987, cuando se lo autorizó nuevamente. Del mismo modo, las radios privadas fueron, paulatinamente, prohibidas en 1983, y recién pudieron retomar sus emisiones en 1987. Los ataques contra los medios de comunicación independientes, en primer lugar contra Confidencial, en 2008, y a partir de 2018, contra prácticamente todos los demás, llevan indudablemente a pensar en las prácticas de esos años 80. Debe recordarse también que, a partir de enero de 1980, diferentes partidos rivales del fsln, primero grupos trotskistas y maoístas y luego los llamados partidos «burgueses», vieron al mismo tiempo cómo sus miembros eran amenazados con agresiones por los sandinistas, y en algunos casos, lisa y llanamente prohibidos. Las formas de persecución a partidos rivales del fsln, a organizaciones de la sociedad civil y a la Iglesia católica recuerdan nuevamente los métodos utilizados durante los años 80. No se dudó en recurrir a los montajes policiales y judiciales más inverosímiles, así como a las calumnias e intimidaciones más abyectas. 

Otro ejemplo muy elocuente es la violencia totalmente desproporcionada de la policía, del fsln y de sus grupos de choque contra los opositores. Estas acciones recuerdan las utilizadas contra aquellos que, como los miembros del Movimiento Democrático Nicaragüense de Alfonso Robelo, intentaron protestar contra el control de la revolución por el fsln a comienzos de 1980, o incluso contra los indígenas miskitos en la misma época. Del mismo modo, algunos asesinatos de dirigentes campesinos locales que protestaban contra el proyecto del canal o de miskitos que denunciaban la invasión de sus tierras por parte de los colonos, así como algunos casos de torturas o asesinatos en dependencias policiales, están en línea con los cometidos 30 años atrás contra los campesinos y los indios sospechados de pertenecer a los contras, o los sindicalistas independientes que rechazaban el control de los nuevos sindicatos sandinistas.

También el giro que tomaron las elecciones en 2011, 2016 y 2021 tiene más de un rasgo en común con las elecciones de 1984. Recordemos que estas últimas no fueron de ningún modo concebidas por los sandinistas como elecciones competitivas y pluralistas que permitieran una alternancia en el poder. Se organizaron para contrarrestar la ofensiva militar de la Contra, apoyada por eeuu, y dar la sensación a los países europeos y latinoamericanos de que, año tras año, los sandinistas retomaban las promesas originales de la revolución: pluralismo y no alineamiento. Precisemos también que, en 1984, bajo la presión de Washington, el grueso de la oposición había tomado la decisión más que errónea de no participar en las elecciones y apostar al hecho de que la oposición armada terminaría ganando de un modo u otro. Pero no olvidemos de qué manera el fsln multiplicó entonces los obstáculos y las amenazas a algunos partidos que se habían presentado valientemente contra ellos. Pensemos en la presión ejercida sobre los electores, a través de los Comités de Defensa Sandinistas –«los ojos y oídos de la revolución», según el eslogan de la época–, así como el relleno de urnas en muchos lugares, lejos de los observadores internacionales, con votos sandinistas, o incluso en la movilización de los recursos del Estado para las operaciones de propaganda del Frente. En muchos aspectos, la estrategia desplegada por el fsln a partir de las elecciones municipales de 2008, y luego en todas las elecciones que siguieron, fue similar. 

Se ofrecía una imagen de elecciones pluralistas, mientras que la alternancia era considerada inaceptable por Ortega y su círculo cercano. De esta manera, los sandinistas, desde los magistrados del cse hasta los activistas que controlaban las mesas electorales, compitieron en ingenio para organizar el fraude. Poco a poco, se les prohibió a los partidos por fuera del sandinismo presentar candidatos. Los dirigentes políticos rivales fueron total o parcialmente comprados o extorsionados. A los electores que podrían no votar por el Frente se les negaron sus documentos de votación. Se llenaron las urnas. Y, finalmente, se hizo fraude en el recuento de votos emitidos. Ya en 2021, el matrimonio Ortega-Murillo convirtió las elecciones en un ritual de aclamación totalitaria.

Contra este razonamiento, podría objetarse que, en 1990, Ortega, entonces presidente de la República y candidato a su propia sucesión, no solo decidió celebrar elecciones competitivas, sino que reconoció su derrota frente a Violeta Barrios de Chamorro. Los hechos son irrefutables. Pero hay que entender que los sandinistas no tenían entonces muchas opciones. Si bien, a pesar del apoyo de eeuu, los contras habían sido incapaces de vencer militarmente, los daños provocados por la guerra y el embargo estadounidense fueron considerables. El país estaba al borde de la quiebra. Además, los soviéticos, entonces en plenas negociaciones con Ronald Reagan, habían advertido a los dirigentes nicaragüenses que no podrían seguir financiando a Nicaragua. Estos últimos aceptaron tanto los acuerdos regionales de paz propuestos por los presidentes de Costa Rica y Guatemala como el principio de negociaciones con los contras. Restablecieron así todas las libertades fundamentales suspendidas debido al Estado de emergencia. Prometieron finalmente celebrar elecciones competitivas. Persuadidos de que las ganarían, y de que al hacerlo fortalecerían su legitimidad, quedaron estupefactos al perderlas. No tuvieron en consecuencia otra alternativa que respetar el veredicto bajo pena de devolver toda su legitimidad a la acción de los contras con los cuales habían firmado un alto el fuego. Tal como lo explicó Henry Ruiz, si hubieran sabido que podían perder esa elección, habrían tenido «un plan b para organizar el fraude a su favor» y no habrían aceptado abandonar el poder8. Hoy, con el apoyo de Rusia y de China, Ortega y Murillo han optado por la estrategia de la fuga hacia adelante.

Es importante entender cómo surgieron los esquemas totalitarios durante los años 80 y cómo resurgen hoy. El poder gobernante pretende encarnar a una sociedad liberada de todo conflicto: económico, social, político, cultural o religioso. No existe otro conflicto que el del Pueblo, encarnado otrora por el fsln y sus organizaciones de masas y actualmente por el matrimonio presidencial, frente a sus enemigos. Estos enemigos del Pueblo se conciben como gérmenes de la disolución del orden social. La diferencia es que, en los años 80, el Frente Sandinista y su dirección nacional retomaban de manera muy explícita las metáforas totalitarias de la creación del «hombre nuevo», de un único Pueblo, de un sentido de la historia que ellos estaban encarnando, mientras que hoy el matrimonio Ortega-Murillo muestra imágenes muy degradadas de ello que recuerdan las ofrecidas por el matrimonio Ceaușescu antes de su caída. Si bien las apariciones públicas de Ortega son muy contadas y se reservan para las grandes ocasiones, Rosario Murillo habla en televisión todos los días. Anuncia al mediodía las principales medidas tomadas por el gobierno valiéndose de una retórica que combina creencias esotéricas y mística cristiana revolucionaria. Sus expresiones cristianas ‒«Gracias a Dios», «Dios mediante», «primero Dios»‒ son formas de presentarlos a ella y a su marido como mediadores ineludibles entre los poderes del más allá y los nicaragüenses. Si bien esta retórica linda a menudo con el ridículo, refleja sin embargo la intención de este matrimonio de erigirse al mismo tiempo en dirigentes que están por encima del pueblo, pero también en la encarnación de la esencia del Pueblo y de la familia nicaragüenses. 

La dificultad para pensar el totalitarismo

Resta comprender por qué es tan difícil pensar la tiranía ejercida hoy por el matrimonio Ortega-Murillo bajo el prisma del totalitarismo, y más aún, mostrar cómo estas formas totalitarias abrevan en parte en los diez años de la Revolución Sandinista. El contexto en el cual surgió esta revolución, así como el entusiasmo que suscitó, contribuyeron ciertamente a una forma de ceguera al respecto, indudablemente en las filas de la izquierda, pero también en las de la derecha. En 1979, la primera venía de sentirse muy decepcionada por el descubrimiento de las atrocidades cometidas por los jemeres rojos en Camboya y la huida masiva de los boat people vietnamitas. Además, desde el caso Padilla en 1971, la estrella de la Revolución Cubana indudablemente se había opacado. La Revolución Sandinista venía a satisfacer un deseo, y más aún quizás, una necesidad de creer en una posible revolución que defendiera a la vez la igualdad y la libertad socialista. El impulso de solidaridad y los llamados a la acción que lo acompañaban proveían buenas coartadas para no preguntarse sobre cuestiones planteadas por los regímenes totalitarios surgidos en el Sudeste asiático. Por qué y cómo habían podido surgir burocracias totalitarias durante la guerra contra el imperialismo estadounidense y sus «regímenes fantoches» en el Sudeste asiático eran preguntas silenciadas. La derecha, tanto en los países centrales como en América Latina, al igual que la burguesía empresarial nicaragüense, solo juzgó la situación según un supuesto «realismo». Los sandinistas eran vistos como los nuevos Somoza que «sostendrían» el país y permitirían continuar haciendo negocios en un clima de estabilidad. Poco importaba la fecha de futuras elecciones, menos aún la libertad de asociación, sobre todo si permitía un sindicalismo independiente. Había que pactar con ellos, y de ningún modo preguntarse por la inmediata represión a los movimientos trotskistas o maoístas, así como a los sindicalistas comunistas. eeuu solo tenía en mente consideraciones geopolíticas. Tal como lo explicó crudamente Jeane Kirkpatrick, eeuu estaba dispuesto a conformarse con un comunismo al estilo chino, mundo totalitario si los hay, o al estilo yugoslavo, donde Tito había sido muy duro con sus opositores, en la medida en que los sandinistas limitaran estrictamente sus acciones a su país y «no exportaran la subversión»9

Otra dificultad se relaciona con la ceguera de aquellos que, tras haber apoyado la Revolución Sandinista en sus comienzos, sin poder ver sus problemas de origen, dieron muestras de una admirable solidaridad con los ex-sandinistas convertidos en opositores a Ortega y Murillo, muchos de ellos detenidos en condiciones atroces: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco o Hugo Torres, fallecido recientemente en la cárcel; y otros exiliados, como Sergio Ramírez o Carlos Fernando Chamorro, o encerrados en sus casas en Nicaragua, como Henry Ruiz y Moisés Hassan. Estas figuras son vistas, con razón, como heroicas. Sin duda alguna, todas generan admiración. Resta también comprender qué aggiornamento político realizaron todos ellos tras su derrota electoral en 1990. Cuestionaron los dogmas que habían sido suyos sobre la revolución y sobre la figura de un único Pueblo encarnada por una dirección revolucionaria. Reconocieron las virtudes del pluralismo y el debate democrático y le dieron la espalda a la asimilación de toda forma de oposición a figuras de la contrarrevolución. En 2021, la decisión del Movimiento Renovador Sandinista de adoptar un nuevo nombre, Unión Democrática Renovadora (Unamos), y de destacar la noción de democracia es un signo elocuente de esta metamorfosis. Este aggiornamento también estuvo acompañado por una nueva mirada sobre la década de 1980. Estos ex-sandinistas conservan la nostalgia del entusiasmo de los primeros días de la revolución, aunque reconocen que, si bien habían preconizado la división de poderes, la democracia, la economía mixta y el no alineamiento, construyeron conscientemente un régimen de partido único alineado con el bloque soviético. Mejor aún, reflexionaron sobre los efectos catastróficos del rechazo a toda crítica y de su asimilación a intenciones contrarrevolucionarias. En resumen, encontraron el camino de aquellos revolucionarios ‒Rosa Luxemburgo o el joven Trotsky‒ que supieron discernir tempranamente en la matriz del leninismo los fundamentos de una nueva forma de dictadura del Comité Central sobre el Partido, y del Partido sobre la sociedad. También se vincularon a reflexiones sobre el totalitarismo al entender cómo el fsln había sido concebido como un órgano que pretendía ser a la vez el Estado y la sociedad y que asimilaba toda oposición a la figura del enemigo. Únicamente tomando en serio las críticas planteadas por estos sandinistas convertidos en demócratas podremos no solo comprender la naturaleza de la tiranía ejercida por el matrimonio Ortega-Murillo sino, al hacerlo, combatirla.

Traducción del francés de Gustavo Recalde.

  • 1.

    Alfaguara, Ciudad de México, 2021.

  • 2.

    «Daniel Ortega obtuvo 27% de votos, y no el 75%, según encuesta de CID Gallup» en Confidencial, 21/12/2021.

  • 3.

    El término fue acuñado y utilizado por los miembros de la comisión bipartidista presidida por Henry Kissinger para designar el régimen de Somoza en su informe sobre América Central publicado en 1984.

  • 4.

    Respecto a la importancia creciente del narcotráfico en Centroamérica, v. Roberto Orozco: «El narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y está generando mucho dinero» en Envío No 365, 8/2012; Red Centroamericana de Pensamiento e Incidencia: «El lavado de dinero: un desafío a la seguridad regional» en Envío N° 377, 8/2013; R. Orozco: «El narcotráfico está ya incrustado en la política y en la economía de América Latina» en Envío No 453, 12/2019.

  • 5.

    Shirley Christian, citando las estimaciones de la Cruz Roja nicaragüense, contabiliza unos 10.000 muertos, 90% de ellos civiles, entre 1978 y el 19 de julio de 1979. Ver S. Christian: Nicaragua: Revolution in the Family, Random House, Nueva York, 1985, p. 117. Otros autores brindan estimaciones mucho más altas, 40.000 e incluso 50.000 muertos, sin mencionar en general las fuentes en las cuales se basan.

  • 6.

    El documento de las 72 horas puede consultarse en www.mediafire.com/file/gm3tymcnuuu/72horas-peque.pdfdans. Para un desarrollo más amplio de este momento de la revolución y mayores referencias bibliográficas, v. G. Bataillon: «L’an i de la révolution sandiniste» en Problèmes d’Amérique Latine No 116, 2020.

  • 7.

    Sobre estos acontecimientos y su contexto, v. las crónicas y los artículos publicados en la revista Envío, disponibles en línea.

  • 8.

    Entrevista incluida en la película de Clara Ott y G. Bataillon: Nicaragua, une révolution confisquée, 2013.

  • 9.

    Bernard Guetta: «‘Je peux imaginer au Nicaragua un régime de communisme national’, nous déclare Mme Kirkpatrick» en Le Monde, 1/3/1985.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista
ISSN: 0251-3552
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