En una decisión inesperada, aunque varias veces esgrimida como amenaza, el presidente Guillermo Lasso disolvió el Parlamento -para evitar el avance del juicio político- y arrojó al país en brazos de nuevas elecciones para terminar el periodo de gobierno actual, en mayo de 2025. Utilizó para ello la figura constitucional conocida como «muerte cruzada». Fue una decisión inesperada porque todas las previsiones razonables mostraban que el jefe de la función ejecutiva no podrá reelegirse, dada su impopularidad, luego de dos años de inacción e ineptitud en la gestión pública. Las elecciones anticipadas equivalían, en tales condiciones, a una renuncia, cuando aún no estaba claro si la oposición conseguiría los votos para destituirlo. 

Quizá la apuesta presidencial fue doble. Por un lado, juzgó probable que el juicio político al que estaba siendo sometido en la Asamblea Nacional, incluso sin conseguir los votos para destituirlo (dos tercios del total), lo dejaría enfrentado a una amplísima mayoría opositora y, por lo tanto, a una debilidad aún mayor para enfrentar el segundo tramo de su gobierno. Prefirió cortar por lo sano, en lugar de vegetar dos años más, como lo hizo los dos años anteriores. Por otro lado, el ambiente social actual, marcado por el desempleo, la inseguridad, la delincuencia y las cifras más altas de asesinatos desde que existen estadísticas, confronta al electorado con la búsqueda de salidas de mano dura, orden a cualquier precio y discursos cómodos para la derecha e incómodos para las izquierdas. Parece haber entonces una oportunidad viable para su tendencia política, a pesar del fracaso reciente.

Aunque el plazo para presentar candidaturas cierra el 10 de junio, y todo puede pasar, está prácticamente descartado que Lasso se presente a la reelección. Sería suicida. En ese marco, se disputan su legado, a una distancia necesaria y prudente, tres candidaturas de su tendencia. El ex-asambleísta Fernando Villavicencio y el ex-vicepresidente Otto Sonnenholzner (2018-2020) buscan hegemonizar un «centro» político corrido con entusiasmo hacia la derecha. Villavicencio está perdiendo ampliamente el pulso con su contendiente. Este candidato tiene difusos orígenes izquierdistas, ligados al sindicalismo petrolero, a los primeros años del movimiento Pachakutik y a la Coordinadora de Movimientos Sociales, a fines del siglo pasado. Se hizo conocido durante el correísmo como escritor dedicado a destapar turbios negocios petroleros y sufrió un allanamiento de su casa, acusado de calumnias. De esas posiciones pasó sin despeinarse a defensor del gobierno de Lasso desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. El centro de su discurso son las mafias económicas y la corrupción. Cerradamente personalista, carece de una estructura política o del capital económico suficiente como para despertar el entusiasmo del campo político al que adhirió. 

Sonnenholzner, en cambio, acunado desde niño en el amplio abanico de los empresarios de origen libanés y alemán del puerto de Guayaquil, se hizo conocido en la radiodifusión antes de ser seleccionado como vicepresidente ante la vacancia de la segunda vicepresidenta de Lenín Moreno. Orgánicamente ligado a las elites, como Lasso, comparte también sus orientaciones ideológicas demócrata-cristianas. Encarna la aspiración que expresó Lasso, pero con un perfil de juventud y eficiencia. Ha conseguido organizar a su alrededor una coalición que incluye varios partidos que tuvieron un fugaz fulgor en estos tiempos tan llenos de partidos «golondrina»: Sociedad Unida Más Acción (SUMA), fundado por el ex-alcalde de Quito Mauricio Rodas, convertido en membrete de alquiler para distintos caciques locales; Avanza, fundado por el ex-funcionario del correísmo Ramiro González; y una fracción de Izquierda Democrática (ID). Es la principal carta para llegar a segunda vuelta y derrotar en el balotaje a la candidatura correísta. Pero tiene que competir también con un outsider de su mismo campo ideológico.

Este outsider, la tercera opción de la derecha, ha llegado a ser conocido en su breve recorrido por la política nacional como el «Rambo» ecuatoriano o el «Bukele» criollo, a quien dijo admirar. Antes de anunciar su candidatura, luego de consultar con su esposa (al parecer su única seguidora orgánica), Jan Topic, dueño de una empresa de seguridad y presidente de Telconet, la principal empresa de telecomunicaciones del país, había sonado como posible ministro de Gobierno o secretario de Seguridad Pública de Lasso. 

En una operación claramente preparada de antemano, el Partido Social Cristiano (PSC) del ex-alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, apoyó de inmediato su postulación, aunque Topic señalara como lo más destacado de su hoja de vida haber combatido en Siria, Ucrania y «en los lugares más hostiles» de África. No solo eso. A su cuenta personal llegaron más de 13 millones de dólares que el tío de Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, transfirió como inversión para un negocio de fibra óptica. El dinero fue devuelto al Estado ecuatoriano por Jan y su padre, Tomislav, cuando la Fiscalía asoció la inversión con los sobornos de Odebrecht durante el gobierno de Correa. Solo entonces la familia Topic consideró oportuno preguntarse por el origen de tales fondos invertidos en sus negocios. Telconet, que era un grupo pequeño, pasó a convertirse durante el correísmo en la principal empresa de telecomunicaciones del país, e incluso proveyó la plataforma informática para las elecciones hasta 2017. La candidatura de Topic no solo compite electoralmente en los bastiones costeños con Sonnenholzner, sino también con el correísmo, cuyo discurso de mano dura comparte. 

Pese a la falta de tiempo para la campaña y para darse a conocer, las dos últimas candidaturas cuentan con fondos suficientes y estructura organizativa territorial, lo que les otorga una ventaja de partida importante. Así, nos encontramos con una derecha dividida, pero siempre poderosa.

El correísmo, articulado en el partido Revolución Ciudadana, es, empero, la primera fuerza electoral actual del país por un voto fiel que ronda entre 20% y 30% de los votos válidos (descontados nulos y blancos). Su éxito en las elecciones locales de febrero de 2023 ha llevado a sus seguidores a pensar que el apoyo en primera vuelta ha mejorado, incluso para aspirar a ganar sin balotaje (para lo que necesitarían 40% de votos y una distancia de 10 puntos porcentuales respecto al más inmediato seguidor). En caso de necesitar una segunda vuelta, consideran que el voto de rechazo, que desde hace años supera el 50%, también se redujo lo suficiente como para poder evitar una derrota como la de Andrés Arauz hace dos años. 

Al momento de escribir estas líneas, no está claro cuál será la carta electoral del correísmo, pero las consideraciones políticas que comandan la selección sí lo están. A diferencia de las elecciones locales, en las que se privilegiaron alianzas variadas, que incluyeron a veces a tránsfugas y figuras empresariales o mediáticas independientes, la experiencia de Lenín Moreno, que terminó siendo un enemigo de Correa, parece haber llevado a privilegiar en las presidenciales a alguien que muestre la más importante de las virtudes: la lealtad. Así, el otrora poderoso secretario general de la Administración, Vinicio Alvarado, posteó precisamente su apoyo a Luisa González, una casi desconocida funcionaria de segundo rango, muy cercana a Correa, destacando la lealtad como la primera de las cuatro virtudes de la precandidata. González fue asambleísta en la última legislatura por la provincia de Manabí, bastión electoral costeño del correísmo, y hoy es señalada como la candidata del ex-presidente. También se habla del propio Arauz, candidato en 2021, pero parece una carta desgastada.

Pachakutik -aparato electoral vinculado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)- fue la segunda fuerza electoral en las últimas regionales, a pesar de la mala imagen proyectada por su bloque parlamentario en el periodo 2021-2023. Y es que en la fidelidad de su electorado incide relativamente poco el accionar de sus representantes en el Parlamento. Lo que cuenta es la estructura y la capacidad de movilización de sus organizaciones locales, ante todo en la Sierra y la Amazonia, como se demostró en octubre de 2019 y junio de 2022. Su principal dificultad estriba en la fragmentación interna, no tanto entre la Conaie y Pachakutik, como en el interior mismo de la Conaie, algo que se expresa en Pachakutik. El ex-candidato presidencial Yaku Pérez Guartambel, que estuvo a punto de pasar al balotaje en 2021, ya ha anunciado su candidatura y ha formado una coalición con tres partidos de izquierda y centroizquierda: el Partido Socialista, Unidad Popular (ex-maoístas) y Democracia Sí, de Gustavo Larrea, ex-ministro del gobierno de Rafael Correa y cercano a Lenín Moreno.

Pérez se alejó de Pachakutik luego de las elecciones de 2021 para crear un movimiento fiel a su liderazgo exclusivo, Somos Agua, y escapar a las constantes y múltiples negociaciones a las que obligan las heterogéneas bases sociales de la Conaie. Pachakutik, por su parte, sigue enfrascado en la disputa interna que llevó incluso a incidentes en el congreso partidario donde se debía elegir nueva coordinación nacional. El ex-coordinador Marlon Santi propuso la precandidatura de Leonidas Iza, actual presidente de la Conaie, que convocó inmediatamente a Consejo Ampliado. Allí se establecieron condiciones para la candidatura, entre ellas, la aceptación de la nueva directiva elegida en el congreso partidario, presidida por Guillermo Churuchumbi, ex-alcalde de Cayambe (al norte de Quito) y exitoso candidato a la Prefectura de Pichincha en febrero de 2023, cuando obtuvo 25% de votos en la segunda provincia más grande del país, muy cerca de la ganadora, Paola Pabón, del correísmo. 

La posibilidad de dos candidaturas indígenas fuertes, Leonidas Iza y Yaku Pérez, limitaría enormemente su oportunidad de llegar a segunda vuelta. Dos candidaturas fuertes, hostiles entre sí, parece el peor escenario para el movimiento indígena. Apostar por uno solo o buscar una tercera opción aceptable para las diferentes fracciones es en este momento una carrera contra el tiempo. 

Yaku Pérez ha sido el único precandidato que hasta ahora se ha pronunciado abiertamente a favor de dejar en el subsuelo el petróleo del Parque Nacional Yasuní, una pregunta a la que deberá responder el electorado el 20 de agosto de 2023 en una consulta popular que se celebrará el mismo día de las elecciones parlamentarias y presidenciales. El proyecto de mantener el crudo pesado del bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) nació inicialmente en 2007, luego de discrepancias en el seno del gobierno de Correa, y fue abandonado en 2013 porque no se consiguió la compensación financiera internacional que el presidente puso como condición para evitar la explotación. Se despertó entonces una movilización espontánea de jóvenes y organizaciones ecologistas para recoger firmas y convocar a una consulta popular de iniciativa ciudadana. Pero las firmas fueron desechadas fraudulentamente por el Consejo Nacional Electoral de ese tiempo y se inició entonces una larga travesía de trámites, apelaciones judiciales y pruebas de obstrucción por parte del gobierno, que finalmente llevaron a que la Corte Constitucional ordenara la realización de la consulta popular hace menos de un mes. Es probable que cualquier candidatura de Pachakutik también apoye la propuesta de dejar en tierra el crudo, actualmente cifrado en unos 50.000 barriles diarios (el país extrae menos de 500.000 barriles al día). Pero es muy probable que ningún otro candidato avale esta propuesta, ni los que tienen más probabilidades ni la pléyade de candidaturas que ahora parecen deslucidas y sin posibilidades. Y aquí habrá un tema fundamental que no se podrá eludir en la campaña.

En un contexto social marcado por la desesperación económica, el miedo rampante a la inseguridad y la desconfianza en los políticos y sus partidos, el siguiente gobierno tiene la oportunidad de recomponer las fichas del tablero. A pesar de que se tratará de un gobierno provisional que durará menos de un año y medio, asumirá el mando en un momento en que el precio del petróleo asegura un mayor margen de maniobra para cualquier gobierno dispuesto a un giro brusco frente a la inacción y la obsesión por el déficit fiscal de Lasso. En ese escenario volátil, los últimos seis años han sido de ineptitud y ortodoxia obtusa, acompañadas de la monumental catástrofe del covid-19. Esa volatilidad se ha convertido en una niebla espesa, pero las sombras cuyos perfiles se divisan borrosamente podrían convertirse en una nueva autoridad y legitimidad. Si no ocurre, nos esperan más años de tumbo en tumbo.