Nota: traducción del inglés de María Alejandra Cucchi.

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Las esperanzas de que, tras el fin de la Guerra Fría, la paz ofreciera beneficios ampliamente compartidos se frustraron con rapidez. En cambio, una sensación inquietante de inseguridad se esparció por el mundo desafiando políticas, instituciones y prácticas en todos los niveles. Los antecedentes de la situación presente se encuentran en la Guerra Fría y en el impacto de su finalización, así como en las innovaciones tecnológicas que aceleraron los profundos cambios en la vida pública y privada. Este artículo examina las fuerzas en competencia de la globalización y la fragmentación que modelan la complejidad del suministro de seguridad en el presente. La abundancia de proveedores de seguridad y la movilización de políticas identitarias han enmarañado el panorama de la seguridad tanto a escala nacional como internacional. El desafío que plantean al –si bien desparejo e imperfecto en la práctica– monopolio estatal del uso de fuerza y la creación de nuevos patrones de seguridad selectiva, vinculados a la inseguridad, perturban el orden y la predecibilidad en la arena política y el ambiente internacional más amplio. El análisis de estas tendencias interconectadas sirve de base para recomendaciones de reformas institucionales y políticas para abordar la creciente inseguridad.

El problema

Dos tendencias contradictorias dominan la arena internacional actual: la globalización y la fragmentación. Aunque ha estado presente a lo largo de la historia en diversos grados, la globalización capta la integración y la interdependencia más profundas y amplias que parecen haber reformulado las relaciones internacionales hacia fines del siglo xx. Evocando la tercera ley de la física de Newton, que dice que «a cada acción siempre se opone una reacción equivalente», la globalización ha generado su contrapunto. La fragmentación emergió como una tendencia equivalente, y en algunos lugares incluso más poderosa. Aunque se oponen diametralmente, la globalización y la fragmentación han producido un impacto común: socavan la soberanía del Estado, diluyen el monopolio del uso de la fuerza y magnifican la creciente sensación de inseguridad en todo el espectro de las relaciones, de las individuales a las internacionales. En las últimas décadas del siglo xx, todo parecía bastante diferente. En ese entonces, la globalización estaba en el foco de los especialistas y los profesionales de la seguridad internacional. El aumento de las relaciones y el acortamiento de las distancias como resultado del comercio, los viajes y las comunicaciones que facilitaba la tecnología alentaron la presunción de que el desarrollo continuo minimizaría las diferencias entre países y pueblos. Se pensaba que el aumento de la interdependencia conduciría a la paz y a una prosperidad creciente y generalizada. Los estudios por país, región y lengua se volvieron obsoletos; el éxito profesional requería pericia funcional que se consideraba transferible de una parte del mundo a otra.

Durante la Guerra Fría, la «teoría de la convergencia» fue una expresión optimista de las posibilidades que ofrecía la globalización. La teoría postulaba que los sistemas socialista y capitalista se volverían cada vez más parecidos por su mutua dependencia en cuanto a la seguridad, por la creciente interdependencia económica y por la modernización social. Los pasos graduales hacia la convergencia eran evidentes. Las economías socialistas se liberalizaban para escapar de los límites de la planificación central y de la dependencia de un amplio crecimiento. Se permitía una mayor actividad económica privada para mejorar el desempeño económico. Los líderes del Partido Comunista supervisaban una integración cautelosa en la economía global para acceder a la tecnología extranjera. En el proceso, el comercio internacional empujaba el desarrollo económico imponiendo los estándares de calidad que la autarquía no exigía. Si se cumplían los patrones históricos occidentales, el desarrollo económico conduciría a la liberalización política. Al mismo tiempo, las características más duras de los sistemas capitalistas eran refrenadas por las reformas que crearon el Estado de Bienestar. Se aceptó una mayor responsabilidad del Estado en la provisión de bienestar público, al menos para evitar la revolución. Esto, por supuesto, no era totalmente nuevo. La Alemania de Bismarck había provisto un modelo en la década de 1890. Los Estados de Bienestar se extendieron en forma inédita en Occidente en las décadas de 1960 y 1970, cuando el socialismo al estilo soviético llegó a su plenitud como modelo alternativo de desarrollo en muchas partes del mundo. Lo más interesante es que en lugar de endurecer los perfiles distintivos de cada sistema, la competencia los moderó. Se difundió la suposición de que la ideología se desvanecería como principio organizativo, frente a fuerzas más poderosas impulsadas por la interdependencia en términos de seguridad y por la modernización. Se esperaba que tanto el sistema socialista como el capitalista «convergieran», lo que crearía un nuevo modelo que contendría los mejores elementos de cada uno.

Pero eso no iba a pasar. El modelo soviético perdió su encanto a medida que su desempeño se estancó, para luego declinar desde mediados de la década de 1970 y hasta entrada la década de 1980. Aunque China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia todavía adhieren a diversas variantes del socialismo, la implosión de la Unión Soviética y la ruptura del Pacto de Varsovia pusieron fin a la Guerra Fría. Con ella, llegó a su fin también la arquitectura de seguridad internacional anclada en las dos superpotencias.

En el plano internacional, se reemplazó la relativa predecibilidad del mundo bipolar por las tensiones entre poderes en ascenso y en decadencia. Tales desplazamientos tectónicos en el ámbito internacional ocurren aproximadamente cada 50 años. Los poderes en ascenso ponen a prueba y expanden el rango de su influencia, mientras que las potencias en decadencia luchan por mantener su estatus. La multipolaridad se conecta con relaciones de poder fluidas, que tradicionalmente han producido incertidumbre, inestabilidad e inseguridad. Los errores de cálculo produjeron con frecuencia conflictos violentos. Aunque la historia nunca se repite de la misma manera, en la actual incertidumbre internacional hay ecos de experiencias del pasado. Que más de 25 años después del fin del mundo bipolar se invoque aquel «mundo post-Guerra Fría» para describir la arena internacional subraya la ausencia de una arquitectura de reemplazo.

La intersección de procesos internacionales y nacionales fue la resultante de la ruptura de la urss, que fue a la vez un motor y resultado de cambios drásticos en cada nivel. Lo mismo se repitió a escala menor en la disolución de Yugoslavia y Checoslovaquia, la secesión de Kosovo de Serbia y la creación de Sudán del Sur. A su vez, estos procesos han revitalizado nuevos y viejos movimientos secesionistas en áreas de Europa, África y Oriente Medio.

En el plano nacional, el fin de la competencia de la Guerra Fría afectó a las poblaciones de ambos lados. Los habitantes del antiguo «bloque» soviético tuvieron nuevas oportunidades, pero también confrontaron dificultades significativas. El cambio de sistema siempre es desgarrador: algunos prosperan, muchos quedan atrás en medio de una enorme perturbación en la lucha contra una incertidumbre generalizada. También resultaron afectadas porciones significativas de la población de Occidente, aunque de modo menos dramático y más gradual. El paisaje político se modificó: los partidos socialdemócratas, defensores tradicionales de la clase trabajadora, se debilitaron en toda Europa. Los políticos conservadores y los líderes empresarios de Estados Unidos y Europa impulsaron una agenda de retroceso de regulaciones, así como de aspectos del Estado de Bienestar, en diversa medida según los países. A ambos lados de la antigua división, las crecientes disparidades de riqueza, la alienación y la marginación han alimentado un resurgimiento del nacionalismo extremo, el fascismo, el racismo y la intolerancia que pone en peligro las normas y la cohesión social.

Política identitaria

El desencanto tanto con el comunismo como con el capitalismo registrado hacia fines del siglo xx creó un vacío político que ha llenado la política identitaria. Las identidades tienen múltiples capas y existen en todos los niveles de la sociedad, desde los individuos hasta las formaciones internacionales, pasando por las organizaciones, la región y el Estado. En cada nivel coexisten identidades múltiples. La importancia de una identidad en particular fluctúa dependiendo de las circunstancias.

Entre las muchas identidades presentes en cada nivel, la identidad étnica y/o religiosa ha cobrado importancia desde el fin de la Guerra Fría. Ante la repentina ausencia de reglas y normas establecidas, los empresarios políticos buscaron alternativas a las ideologías que habían provisto marcos políticos, económicos y sociales desde fines de la década de 1940. Algunos eran funcionarios de los antiguos regímenes que se apuraron a reinventarse. Otros eran nuevos. En ambos casos, aprovecharon las identidades étnicas y/o religiosas para reclutar partidarios porque esas identidades son fáciles de invocar en tiempos de incertidumbre. La pertenencia a un grupo u otro es evidente; no se requiere ningún análisis complicado ni atractivo alguno. Las quejas reales o imaginarias están a disposición para reconfigurar los alineamientos políticos. Y esto es exactamente lo que han hecho muchos políticos y también los rebeldes.

El futuro del Estado

La fragmentación en términos étnicos y/o religiosos debilita el mapa político actual porque crea comunidades políticas en torno de principios excluyentes que no son negociables. Un medio cada vez más más usual de que un grupo perjudicado subsane injusticias es establecer y gobernar su propio espacio político. Las implicaciones prácticas de esta tendencia son evidentes en la ya mencionada ruptura de la urss, Yugoslavia y Sudán. Los movimientos separatistas en España, las Filipinas, Yemen, Turquía, Siria, Irak, Nigeria y Mali resultan emblemáticos en este sentido. La reformulación de las fronteras políticas siempre genera disputas, que con frecuencia se acompañan de violencia.

Los actores internacionales pueden reforzar involuntariamente esta tendencia. Dos ejemplos son los Acuerdos de Dayton (1995), que estructuraron la resolución en Bosnia luego de la guerra, y el Acuerdo Ohrid, diseñado para evitar grandes conflictos en Macedonia. Las intervenciones internacionales conducidas por eeuu en Afganistán e Irak también exacerbaron divisiones sectoriales que amenazan con debilitar esos Estados.

Los medios de comunicación contemporáneos son parte de la ecuación. Muchos periodistas carecen de un conocimiento profundo de los países sobre los que informan. Con el agregado de la presión para producir historias dramáticas para los ciclos de noticias que se emiten las 24 horas, echan mano a explicaciones fáciles que pueden personalizar mediante entrevistas con pobladores locales. Los empresarios de la política y el conflicto están más que dispuestos a dar esas explicaciones que, a su vez, ellos pueden citar para justificar sus propias acciones como esfuerzos nobles para reparar injusticias de larga data. Las explicaciones facilistas de los conflictos contemporáneos como resultado de antiguas tensiones étnicas y/o religiosas se han vuelto la norma. Y así todo se vuelve una profecía autocumplida. Mientras tanto, en medio de la presión por el rating, se pierden los análisis más sutiles elaborados por expertos, que con frecuencia apuntan a intereses y grupos transversales que podrían negociar soluciones aceptables si tuvieran el tiempo y la atención suficientes.

Los avances tecnológicos que promovieron la globalización también fortalecen a los actores transnacionales y no estatales que desafían la autoridad estatal en todos los niveles. Estos abarcan desde empresas multinacionales y grupos de la sociedad civil hasta empresas criminales, redes terroristas, extremistas de derecha y bandas criminales.

Los medios sociales sin filtro echan leña al fuego. Las crecientes disparidades económicas y las historias cotidianas de violencia, sufrimiento e injusticia crean un terreno fértil para la desesperanza. La urbanización, la descomposición de las estructuras sociales y la marginación económica y social contribuyen a la alienación y la vulnerabilidad individuales. Las fuentes de información ampliamente aceptadas han desaparecido. Los políticos etiquetan a sus oponentes como traidores; designan a los rebeldes como organizaciones terroristas y llaman a las noticias desfavorables fake news (noticias falsas). La falta de confianza y la fragmentación resultantes reducen el espacio y la base para el debate político o las negociaciones. La cortesía y la civilidad disminuyen con rapidez. El veloz descenso a un entorno de juego de suma cero ha erosionado la base para la cooperación en la que se sustenta la seguridad común tanto en el ámbito nacional como en el internacional. No ha surgido ninguna causa unificadora y noble que contrarreste estos procesos.

El impacto en el monopolio del uso de la fuerza

El Estado y el monopolio del uso de la fuerza se están desvinculando. Las comunidades perjudicadas ya no confían en las instituciones de seguridad estatal y crean sus propias milicias para proveer de protección y combatir a las instituciones del Estado. La seguridad se privatiza, en línea con una comunidad religiosa o una etnia específicas. Y donde la seguridad se vincula a una etnia o una religión específicas, genera inseguridad para aquellos que quedan excluidos. Puede sobrevenir una «carrera armamentista» doméstica. El conflicto y el fracaso estatal han conducido a los mayores desplazamientos de población desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al huir del conflicto, las crisis humanitarias o los gobiernos represivos, los migrantes acentúan la escasez de recursos y contribuyen a la tensión y la fragilidad en los países que los reciben. El resquebrajamiento concomitante del monopolio del uso de la fuerza en grandes áreas del planeta reverbera más allá de países o regiones específicas gracias a la globalización. Donde el Estado la provee, la seguridad como bien colectivo es al menos una posibilidad, aunque se practique en forma imperfecta.

Nacionalismo y represión

Una tendencia que actúa como contrapeso a la fragmentación y que tampoco ayuda es el resurgimiento de prácticas y regímenes autoritarios. Estos regímenes han sido la norma en regiones del planeta como Oriente Medio durante un largo tiempo. Pero la esperada ola de democratización que siguió a la Guerra Fría se ha detenido y revertido. Los breves experimentos de democratización se están desvaneciendo en Rusia, Hungría y Polonia y han finalizado en Egipto. El modelo bolivariano en Venezuela está camino a convertirse en una dictadura en todo el sentido de la palabra. El actual gobierno de eeuu ha mostrado poco interés en cuestionar a los regímenes represivos. Los líderes autoritarios tienen hoy vía libre, pero presiden organizaciones frágiles que a largo plazo no son sostenibles.

Consecuencias para el orden y la predecibilidad

El resurgimiento de regímenes autoritarios en múltiples áreas del planeta, sumado al debilitamiento del Estado y de su monopolio del uso de la fuerza en otras regiones, tiene consecuencias nefastas para el orden y la predecibilidad sobre los que se han asentado la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad. La creciente importancia de la política identitaria basada en la etnia y/o la religión presagia una inestabilidad sin fin. Los informes de la organización Political Instability Task Force (pitf) identificaron las políticas fraccionalizadas como la principal fuente de inestabilidad. La política fraccionalizada vincula el poder político, la riqueza, la educación, los empleos estatales, etc., a la etnicidad, la religión o la región. Los acuerdos institucionalizan la primacía de las identidades étnicas, religiosas o regionales y refuerzan las divisiones políticas, económicas y sociales. Los Acuerdos de Dayton y el Compromiso de Ohrid institucionalizaron políticas fraccionalizadas. Allí los partidos políticos se organizan de acuerdo con lineamientos étnicos/religiosos, y también los acuerdos para compartir el poder. Los empleos estatales se distribuyen de acuerdo con el mismo criterio y las instituciones de educación superior han sido creadas para diferentes comunidades étnicas/religiosas. Otras profesiones han quedado vinculadas a la etnicidad y/o a la religión. Los vecindarios ya no son mixtos; los matrimonios fuera de la propia etnia o religión se han vuelto poco frecuentes porque las presiones para adecuarse al modelo son enormes. Los acuerdos lograron poner fin o evitar el conflicto, pero su sustentabilidad es dudosa. La insatisfacción por los privilegios especiales de los que gozan algunos y por la indiferencia que reciben otros ha estado en ebullición entre todos los grupos de los Estados afectados por estos acuerdos durante muchos años.

Un sistema político saludable maneja el conflicto y apoya el cambio cultivando divisiones transversales que reúnen a gente de muchos sectores diversos de la sociedad en diferentes momentos para diferentes propósitos. La educación, el trabajo, el deporte y el ocio, las actividades cívicas y las artes son espacios en los que la gente se puede involucrar sobre la base del interés o la profesión y no primordialmente la etnicidad o la religión. La movilidad ascendente a través de la educación está abierta a todos. En marcado contraste, la política fraccionalizada estructura las vidas de los ciudadanos alrededor de diferencias inmutables, como la etnia y o la religión. Esto produce una comunidad política frágil, disminuida por rigideces. Si la política fraccionalizada se vuelve la nueva norma, la inestabilidad y el conflicto dominarán el futuro próximo.

Conclusiones

La política identitaria ha estado con nosotros por mucho tiempo de una forma u otra. Después de todo, la política se vincula con la disputa por las prioridades y la asignación de recursos entre grupos que tienen intereses en competencia. La principal preocupación es cómo se utilizan hoy las identidades étnicas y religiosas para fomentar el conflicto y la fragmentación. La tendencia es particularmente marcada y preocupante en los Estados frágiles; sin embargo, tampoco está ausente en Estados desarrollados y en apariencia estables. El antídoto para esta tendencia del presente no es revivir el nacionalismo virulento o el chovinismo que ha sido fuente de una violencia sin precedentes en el pasado. En cambio, una respuesta sana sería fortalecer la capacidad de los gobiernos para negociar soluciones efectivas y legítimas a los problemas existentes y a los desacuerdos con sus ciudadanos. Los gobiernos capaces de hacer esto no solo pueden establecer o mantener un monopolio constructivo y bienvenido del uso de la fuerza en el ámbito interno, sino que también están mejor posicionados para negociar soluciones aceptables en desacuerdos y conflictos con otros Estados. En ambos casos, la política identitaria debe ser reconfigurada para reforzar identidades transversales que sostienen la cohesión social, en lugar de profundizar las divisiones étnicas y/o religiosas cuyo carácter excluyente alimenta la fragmentación y el conflicto.

Aceptamos un entorno en el que el Estado es solo un actor entre muchos y relega al pasado el monopolio del uso de la fuerza a nuestro riesgo. La privatización no es la respuesta a un desempeño pobre e indebido. Ni los arreglos de seguridad privados, ni la sociedad civil, ni la empresa privada pueden sustituir a un Estado razonablemente eficaz y legítimo. Las fuerzas de seguridad privadas solo aumentan el acceso desigual a la seguridad. El orden provisto por poderosas organizaciones delictivas, como los cárteles de droga, sigue siendo arbitrario y se basa en la impunidad. Tanto las empresas privadas lícitas como la sociedad civil dependen del Estado para proteger su espacio y hacer cumplir los contratos mediante un marco legal. Solo las actividades ilegales y los empresarios del conflicto prosperan donde están ausentes el Estado y el monopolio del uso de la fuerza.

Sin duda, muchos gobiernos son represivos, corruptos y no trabajan en beneficio de la sociedad en su conjunto. Además, las fuerzas transnacionales –el cambio climático, las redes criminales internacionales y especialmente las ciberamenazas– debilitan el control efectivo del Estado sobre su territorio de diversas maneras. Ningún Estado puede manejar estas fuerzas en soledad.

Pero no es la solución abandonar el Estado a causa de la mala administración de algunos y la habilidad limitada de ciertos gobiernos para trabajar eficazmente en conjunto para mitigar las amenazas transnacionales. Nuestras energías deberían en cambio enfocarse en buscar maneras concretas de mejorar la legitimidad del Estado y en fortalecer su monopolio efectivo del uso de la fuerza. En un esfuerzo paralelo, los ciudadanos deberían presionar a los gobiernos para que trabajen juntos en la creación de regímenes internacionales fuertes con el propósito de controlar y mitigar las amenazas transnacionales. Se ha logrado algo de progreso en el ámbito mundial en las áreas de cambio climático y crimen internacional. El cibercrimen suma una nueva urgencia. La inmunidad diplomática, los vuelos internacionales y los acuerdos de servicios postales ofrecen modelos de reciprocidad sobre los que los Estados podrían basarse para abordar las actuales amenazas transnacionales. Las nuevas fuerzas del siglo xxi no nos enfrentan a una elección hobbesiana, aun cuando algunos entendidos lo pongan en esos términos. Sin embargo, es igualmente claro que el statu quo no es viable. En cambio, se debe examinar y recalibrar la demarcación cada vez más imprecisa y fluida entre las esferas de autoridad pública y privada, para establecer un orden que conduzca tanto a la seguridad como a la prosperidad de la sociedad en su conjunto. La respuesta no es abandonar los Estados soberanos y el monopolio del uso de la fuerza, sino más bien revitalizarlos de formas adecuadas a las condiciones contemporáneas. Que la dependencia mutua entre gobernantes y gobernados se esté erosionando en las democracias occidentales debería ser un tema muy preocupante. Deberíamos poner nuestra atención y energía en los lugares donde esa dependencia mutua no se ha establecido o se está desvaneciendo, incluso en muchos lugares donde hay elecciones. El progreso hacia la dependencia mutua dentro de los Estados debería ofrecer cimientos para la construcción de regímenes internacionales eficaces para dominar las amenazas transnacionales al orden, la seguridad y la prosperidad.

Recomendaciones

No existen las panaceas técnicas para el conjunto complejo de problemas que amenazan la seguridad interna e internacional. Las recomendaciones se focalizan en las vulnerabilidades centrales que residen en la gobernanza, la política y las medidas prácticas para abordarlas.

Prioridades internas:

- La dependencia mutua entre los ciudadanos y los líderes del gobierno debe ser el foco de los esfuerzos de reforma en todas las sociedades para establecer o reestablecer una gobernanza legítima y viable, que incluya el monopolio en el uso legítimo de la fuerza. La restauración o el establecimiento de políticas sanas requiere un liderazgo político comprometido y un arduo esfuerzo para abordar las causas fundamentales del conflicto y superar la política identitaria.

- Las burocracias gubernamentales se estructuran para la búsqueda de soluciones técnicas a problemas políticos, sociales y económicos. Los incentivos institucionales y profesionales refuerzan este enfoque. Las reformas esenciales incluyen un cambio institucional para enfatizar las causas fundamentales de las vulnerabilidades y un enfoque inclusivo en la búsqueda de soluciones en cooperación con las poblaciones afectadas.

- Cualquier esfuerzo de reforma comienza con un claro entendimiento de las estructuras de incentivos que dan forma al comportamiento de todos los actores.

- Dado que los sectores políticos, económicos, sociales y de seguridad interactúan, se debería reclutar y promover la labor de expertos interdisciplinarios para diseñar políticas de seguridad y reformar las instituciones.

- La provisión de seguridad del Estado debería ser reforzada donde es razonablemente efectiva y legítima.

- Donde exista una multiplicidad de proveedores de seguridad, deben ser utilizados dentro de un marco global y de acuerdo con un conjunto de normas que los vuelva efectivos y legítimos. La legitimidad política es crucial y puede producir una variedad de arreglos apropiados para circunstancias locales. Sin embargo, sigue en pie una pregunta central: si no es el Estado, ¿quién proveerá un marco regulatorio y asegurará que los proveedores de seguridad actúen dentro de él?

- El necesario que las instituciones gubernamentales se vuelvan más creativas y flexibles para abordar los complejos desafíos que presenta la seguridad. Las normas y los reglamentos intentan controlar todas las contingencias eliminando el sentido común y la reflexión¹.

- En naciones afectadas por el conflicto, el gobierno y los expertos académicos deberían contrarrestar en forma activa las narrativas populares de conflicto étnico y religioso de vieja data mediante la investigación sólida y la evidencia empírica.

- Los expertos nacionales y regionales son sumamente necesarios para analizar y explicar en los medios con exactitud las raíces del descontento y del conflicto.

- El saturado entorno mediático es al mismo tiempo positivo y negativo. Que ningún actor tenga el monopolio de la información es positivo. Pero que los filtros de calidad, los estándares de evidencia y el profesionalismo se hayan deteriorado en forma sustancial es negativo. Para inyectar más pensamiento y evidencia en la información, los gobernantes podrían comenzar por no permitir que un entorno mediático sobrecalentado impulse la agenda. Los líderes también podrían dejar de opinar sobre cada suceso o historia.

Prioridades internacionales:

El entorno internacional será tan estable como sus partes constituyentes. En consecuencia, se necesita una reforma de la asistencia extranjera y prestarles más atención a los regímenes internacionales.

- Se necesitan más expertos nacionales y regionales en los gobiernos y en otras organizaciones que den asistencia a Estados frágiles y afectados por conflictos. Solo esos expertos pueden ofrecer un análisis preciso y con matices sobre el cual se pueda basar una asistencia concreta. Los donantes deberían priorizar el apoyo a las fuentes de resiliencia que son transversales a las comunidades en esos Estados.

- La «industria» de asistencia al desarrollo suele buscar soluciones técnicas a problemas políticos, sociales y económicos. Con frecuencia, el enfoque técnico fracasa. Es hora de poner el foco en la distribución de poder e influencia en el ámbito nacional para que los Estados se vuelvan más viables y el monopolio del uso de la fuerza sea legítimo.

- Las intervenciones externas no deberían sucumbir a soluciones cortoplacistas como los Acuerdos de Dayton o el Compromiso de Ohrid, que han servido para consolidar la política fraccionalizada y plantar la semilla de una futura inestabilidad.

- Además de reformular la asistencia extranjera y al desarrollo, se debe prestar la misma atención a crear nuevos regímenes internacionales para gestionar y mitigar las amenazas transnacionales.