Introducción

Cualquier visión de conjunto sobre el orden socioespacial a escala metropolitana debe tomar en cuenta la cuestión de la división social del espacio, definible como la relación existente entre la composición social y de clase de una sociedad y su manifestación en la estructura del espacio habitado metropolitano. Que exista una división social del espacio –es decir, que los espacios metropolitanos no sean iguales en términos de su connotación social– es un hecho que forma parte del sentido común. En todas las ciudades se suelen identificar ciertos espacios con ciertos tipos de población. Sin embargo, si se quiere abordar el estudio de la división social del espacio en una gran metrópoli, es necesario poner a trabajar distintos aparatos conceptuales y hacer un uso crítico de las fuentes de información disponibles en torno de la distribución de los estratos socioeconómicos. Esto implica además dialogar con diversos autores que han abordado el tema para el estudio de otras metrópolis. Las páginas que siguen están divididas en dos partes: en la primera, discuto brevemente algunos conceptos y criterios que considero fundamentales para el análisis de la división social del espacio; en la segunda, desarrollo la cuestión de la escala, los grados y los efectos de la división social del espacio residencial.

División social del espacio urbano y segregación residencial

En general, suele hacerse referencia indistintamente a la división social del espacio, la segregación urbana y la segregación residencial para referirse a un mismo fenómeno¹: la desigual distribución espacial en la ciudad de distintos grupos sociales, definidos sobre todo en términos de clase o estratos sociales, pertenencia étnica, características raciales y preferencias religiosas. Pero las poblaciones de las ciudades también tienden a distribuirse de modo desigual en el espacio urbano de acuerdo con otros rasgos de carácter sociodemográfico: tipos de hogar, distribución por género y por edades, etapas del ciclo vital familiar, entre otras². Existe segregación en sentido fuerte cuando la división social del espacio está acompañada de medidas coercitivas, como en el caso del apartheid en Sudáfrica y de los guetos judíos en Europa durante la preguerra³, o cuando la división social del espacio es el resultado de la aplicación de políticas o prácticas de exclusión de ciertos grupos respecto de espacios específicos, es decir, cuando existen prácticas activas de segregación espacial⁴.

En general, segregación residencial y segregación urbana son entendidas como conceptos equivalentes. Por ejemplo, de acuerdo con Francisco Sabatini, Gonzalo Cáceres y Jorge Cerda, la segregación residencial es «el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que este se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades»⁵. A su vez, Manuel Castells, en su ya clásico libro La cuestión urbana, define la segregación urbana como «la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no solo en términos de diferencia, sino de jerarquía» ⁶. Una definición, esta última, que no menciona las distintas bases sociales de la segregación (clase, pertenencia étnica, etc.), pero que agrega la idea de jerarquía, en el mismo sentido en que en el lenguaje cotidiano solemos referirnos al «nivel» de un barrio o distrito; un barrio de «alto nivel» o un barrio «popular», por ejemplo.

Por nuestra parte, utilizaremos aquí la expresión división social del espacio residencial (DSER) para referirnos a las formas espaciales que adopta la distribución residencial intraurbana o intrametropolitana de los distintos estratos socioeconómicos que conforman la población de una aglomeración urbana. A su vez, denominaremos estructura socioespacial (ESE) al conjunto de las formas espaciales discernibles que adopta la DSER. Una determinada ESE puede leerse como la expresión espacial de ciertas diferencias sociales y resulta de procesos que de modo sistemático tienden a reproducir una cierta DSER o, eventualmente, a transformarla. En ausencia de prácticas sociales coercitivas o de políticas activamente destinadas a la exclusión de grupos determinados de la población con respecto de las áreas habitadas por otros grupos diferentes, la DSER resultará de las formas pasadas o actuales de producción del espacio residencial que determinan, a través del funcionamiento del mercado inmobiliario, el tipo de vivienda y las áreas en las que esta estará localizada, de acuerdo con el nivel socioeconómico de los hogares. Esto, por la sencilla razón de que la ciudad contemporánea (aunque se trata de algo igualmente aplicable al modelo de la ciudad moderna que emerge en el siglo XIX) es producida y transformada por agentes tanto privados (promotores, desarrolladores) como públicos (organismos estatales de vivienda, por ejemplo), que operan por regla general con base en el costo del suelo, produciendo viviendas de diferentes características y precios en función de los valores prevalecientes del suelo o a través de la inducción de precios que deriva de las características materiales y de los usos a los que está destinado el suelo que urbanizan.

No solo la lógica subyacente al mercado inmobiliario residencial tiende a producir una DSER en la que los barrios y otras divisiones territoriales están socioespacialmente jerarquizados, sino que las políticas públicas suelen también contribuir a ello. Por un lado, porque cuando implican el apoyo y financiamiento de vivienda destinada a grupos de bajos ingresos, los organismos públicos y empresas privadas involucrados –en la medida en que buscan abatir los costos de producción– procuran construir en suelo barato, y de este modo contribuyen a reproducir la DSER, cuando no a exacerbarla. Y además, porque en general, al establecerse y aplicarse normas de zonificación urbana y de usos del suelo, así como de regulación de la producción del espacio habitacional, se suele definir el molde a través del cual el espacio habitacional resultará jerarquizado. Así, por ejemplo, la ley de fraccionamientos de terrenos vigente desde 1959 hasta 1982 en el estado de México (y, por lo tanto, aplicada durante ese periodo en los municipios que forman parte de la conurbación de la Ciudad de México) implantaba como mecanismo para la incorporación de suelo a usos habitacionales distintos tipos de fraccionamientos –populares, medios, residenciales y residenciales campestres–, diferenciados de acuerdo con la infraestructura y los tamaños mínimos de los lotes destinados a vivienda unifamiliar en cada caso⁷. De esa manera, se establecía una clara jerarquía socioespacial para los nuevos espacios urbanos.

Escalas, grados y efectos de la DSER

Cuando se estudia la DSER, por regla general se busca conocer una o más de las siguientes cuestiones: los niveles que la DSER tiene, es decir cuán dividido o segregado socialmente está el espacio urbano; cómo se expresa espacialmente esta división; cómo se explica su dinámica; qué efectos o consecuencias tiene respecto de otros fenómenos sociales (posibilidades de interacción entre grupos sociales diferentes; grados de aceptación de la vecindad o proximidad espacial de quienes son socialmente diferentes; niveles de conflicto o tensión entre distintos grupos y estratos sociales; diferencias en las posibilidades de acceso a los bienes urbanos, entre otras cosas).

¿Cómo establecer los niveles o grados asumidos por la DSER o segregación residencial? Lo primero es que debemos partir de especificar cuáles son las características sociales con base en las cuales nos interesa observar el fenómeno. Hay cuatro tipos de características sociales que son las más frecuentemente consideradas y cuya importancia varía según el contexto urbano de que se trate: clase social o estrato socioeconómico; grupo étnico o raza; preferencias religiosas; y origen nacional o regional. La atención concedida en el estudio de la DSER a cada una de estas características en particular está asociada, por regla general, a la importancia que en distintos contextos nacionales y urbanos cada una reviste respecto de las formas en que el fenómeno se manifiesta. Por ejemplo, en EEUU la cuestión de la DSER se plantea fundamentalmente como la de la segregación urbana basada en clasificaciones étnico-raciales. Ello obedece a que la historia de este país está marcada por los conflictos raciales y, en particular, por el hecho de que, hasta los años 60, la población actualmente denominada afroamericana⁸ era objeto de leyes discriminatorias que le negaban derechos fundamentales, como el de acceder en igualdad de condiciones con la mayoría blanca a establecimientos, locales y medios de transporte público. Aunque las leyes negativamente discriminatorias⁹ fueron abolidas desde los años 60, las prácticas de segregación y autosegregación urbana basadas en clasificaciones étnico-raciales distan de haber desaparecido. Aquí nos concentraremos en la DSER relacionada con estratos socioeconómicos debido a que se trata de la dimensión sin duda más relevante en el caso de las ciudades latinoamericanas. Por lo general, independientemente de que se haya adoptado o no una teoría sobre las clases sociales, y sobre todo cuando se trata de observar la distribución de las clases en el espacio urbano, la mayor parte de los investigadores optan por recurrir a variables tales como ingreso, escolaridad, ocupación o bienes poseídos. Sobre la base de estas variables se estratifica, es decir, se definen distintos grupos de individuos u hogares de acuerdo con los valores que presentan respecto de ellas. En algunos casos se utiliza la ocupación entendida como categoría socioprofesional¹⁰ que resume, implícitamente, un conjunto de variables como educación, ingreso y escolaridad. En todo caso, una vez definidas las variables a utilizar, el problema dista de estar resuelto, ya que existen diferentes técnicas e índices para analizar los grados de desigualdad en la distribución de los estratos considerados, cada uno de los cuales presenta ventajas y desventajas específicas. Uno de estos métodos es el cálculo del índice de disimilaridad de Duncan, que permite observar la desigualdad en la distribución de dos grupos, por ejemplo jefes de familia con y sin educación universitaria¹¹. Este índice tiene la ventaja de que permite contar con una medida sintética del grado de desigualdad en la distribución de la característica considerada y de medir si esta desigualdad aumentó o disminuyó durante un periodo determinado, por ejemplo en el lapso de diez años transcurrido entre dos censos de población. Pero tiene la desventaja de que no permite apreciar el papel de las distintas unidades territoriales de referencia en el nivel de disimilaridad ni en el cambio en este a lo largo del tiempo. Es decir, no da cuenta del grado en que se concentran en determinadas unidades territoriales individuos y familias con características particulares, por ejemplo, familias pobres o con necesidades básicas insatisfechas. De manera alternativa, es posible aproximarse a este último problema simplemente considerando la distribución porcentual de las distintas variables elegidas o de un índice que las combina para definir, por ejemplo, varios estratos socioeconómicos (v.g. bajo, medio, alto) en un conjunto de subdivisiones y unidades territoriales, y comparar esta distribución con el promedio a nivel de la ciudad o aglomeración metropolitana. A partir de aquí, aplicando medidas de dispersión estadística como la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, se pueden observar los grados de desigualdad de la distribución en cada una de las unidades consideradas.

Otra posibilidad es el método que aplicamos para el estudio de la DSER en la Ciudad de México¹², que consiste en estratificar las propias subdivisiones territoriales, combinando variables relativas a individuos y viviendas. Esto se puede hacer tanto mediante la aplicación del método estadístico conocido como análisis factorial¹³, como mediante el análisis de conglomerados o agrupamientos (cluster analysis), que es el método que nosotros utilizamos en nuestro análisis de la división social del espacio en la ciudad de México.

Pero la adopción de uno o más métodos estadísticos para el análisis de la DSER no resuelve el problema de definir las subdivisiones territoriales que se adoptarán para realizarlo. Las ciudades, sobre todo las metrópolis que cuentan con varios millones de habitantes, son estructuras material y socialmente muy complejas. Están conformadas por distintas unidades político-administrativas, generalmente un distrito o municipio central y un número adicional de municipios que forman parte de la aglomeración; por áreas destinadas predominantemente a distintos usos –zonas industriales, concentraciones de edificios de oficinas, zonas con una gran concentración de comercios y servicios–; muchas veces, también por distintas localidades que constituyen las cabeceras administrativas de las distintas subdivisiones político-administrativas integradas a la conurbación y que a su vez concentran usos comerciales, de oficinas y de servicios; por distintos tipos de áreas donde domina, o al menos está presente, el uso habitacional, pero donde este uso a su vez se encuentra predominante o totalmente organizado de una forma específica –viviendas unifamiliares, edificios de departamentos, conjuntos o condominios residenciales cerrados, conjuntos (muchas veces muy grandes) de vivienda asistida o promovida por el Estado, como las que en México se denominan «de interés social»–. A veces, como es el caso en la Ciudad de México, a lo largo de su proceso de expansión las ciudades han incorporado además antiguos poblados rurales.

Dada esta diversidad tanto de los elementos que conforman la metrópoli como de las propias formas en que está organizado el espacio habitacional, ¿cuál es la escala espacial, o cuáles son las unidades urbanas adecuadas para analizar la estructura socioespacial de una ciudad y los grados de segregación residencial que esta implica? En realidad, no existe una única escala espacial adecuada, sino que al aplicar distintas escalas observamos fenómenos diferentes¹⁴. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de subdivisiones que habitualmente, desde el punto de vista residencial, son reconocidas en todas las ciudades: vecindario, barrio (o colonia en México), conjunto habitacional, localidades o suburbios que integran una aglomeración (como en el caso de Londres o de la mayoría de las ciudades y áreas metropolitanas estadounidenses). Por regla general, los habitantes de una ciudad cualquiera reconocen y tipifican estas distintas subdivisiones, adjudicándoles un cierto estatus social, además de otras características¹⁵. Así, por ejemplo, un habitante de la Ciudad de México identifica automáticamente como hábitat de clase alta la zona conocida como Lomas de Chapultepec, al igual que un habitante de París hace lo propio al mencionar el VI arrondisement (distrito). En principio, parecería entonces que la DSER se organiza en términos de estas unidades. Pero si en gran medida esto es así, no se trata de la única escala espacial significativa. En primer término, está la cuestión del grado de homogeneidad relativa de estas unidades, las cuales, si bien como afirma correctamente Castells, implican una jerarquía socioespacial, admiten sin embargo grados variables de heterogeneidad social y habitacional en su interior. Y esto constituye un aspecto importante de la DSER, porque una mayor heterogeneidad de los barrios o de otro tipo de localidades intraurbanas que conforman una ciudad o aglomeración metropolitana, como quiera que hayan sido definidas históricamente, supone –aunque no siempre esto es así¹⁶– mayores posibilidades de interacción y convivencia, en el espacio de proximidad, entre distintos grupos sociales y, por lo tanto, una menor segregación urbana. Empero, la presencia de cierto grado de heterogeneidad interna de barrios u otras subdivisiones intraurbanas no implica que no exista una jerarquía socioespacial entre ellos, y además su distribución y agrupamiento en el espacio urbano suele dar lugar a la formación de zonas o distritos que reúnen barrios o localidades con perfiles socioespaciales semejantes.

Y esto nos remite al problema de las diferentes escalas de la DSER. Podemos decir que la pequeña escala remite a la cuestión de la relativa homogeneidad/heterogeneidad social de los barrios o localidades intraurbanas que en cada ciudad operan como referente práctico más inmediato de los habitantes (clasificatorio y generalmente también administrativo), en la definición del tipo y el lugar en la jerarquía socioespacial de los lugares en que cada quien habita. La gran escala, en cambio, remite a las formas que adopta la distribución de los barrios y localidades intraurbanas e implica, en mayor o menor medida, la conformación de zonas o incluso distritos o municipalidades completos en los que predominan barrios o localidades correspondientes a una determinada posición o estrato en la jerarquía socioespacial. Esto último es un fenómeno observable de modo generalizado, consistente en que en cada ciudad se reconocen áreas o ejes geográficos caracterizados por perfiles sociales dominantes: el oeste burgués y el noreste popular en París¹⁷; el sur y sur-poniente de la Ciudad de México con elevada presencia de las clases media y alta, y el oriente popular; el noreste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como área de concentración de los grupos acomodados¹⁸. De modo que, en términos generales, se puede decir que, a pequeña escala, el nivel de segregación urbana depende del grado de heterogeneidad social de barrios y localidades intraurbanos o intrametropolitanos y, a gran escala, de la mayor o menor concentración de barrios y localidades con perfiles sociales semejantes a nivel de distritos o municipalidades u otro tipo de unidades territoriales¹⁹. Esto implica que los cambios que a lo largo del tiempo experimente la DSER en una determinada ciudad no necesariamente tienen por qué manifestarse en una misma dirección a diferentes escalas. O dicho de otro modo: la segregación puede estar aumentando en gran escala y disminuyendo en pequeña escala, o viceversa²⁰.

La concentración a gran escala de barrios en los cuales predomina de modo abrumador una población de bajos ingresos constituye un fenómeno característico de las grandes metrópolis latinoamericanas (Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México, San Pablo, Santiago de Chile, entre otras) aunque no es exclusivo de estas. Pero se trata de un fenómeno que, en términos de las posibilidades de conocimiento mutuo y de interacción entre distintos grupos y clases sociales, posee consecuencias sociales más negativas que la segregación a pequeña escala, en el sentido de que la primera implica un aislamiento mayor, que muchas veces significa un verdadero confinamiento involuntario de la porción más pobre de la población urbana. A una situación tal se le puede atribuir una serie de efectos negativos. Según Jorge Rodríguez y Camilo Arraigada, los pobres, al tener como contexto cotidiano solo pobreza y otros pobres, estrechan sus horizontes y sus contactos y ven disminuida la posibilidad de exposición a otros códigos, mensajes y conductas funcionales a una movilidad social ascendente²¹. En este mismo sentido, Sabatini, Cáceres y Cerda sostienen, a partir de un estudio de la segregación urbana en las tres principales ciudades chilenas (Santiago, Valparaíso y Concepción), que: Cuanto mayor es el tamaño de las áreas homogéneas en pobreza, los problemas urbanos y sociales para sus residentes se agravan. Nuestros resultados de investigación avalan esta conclusión. Los tiempos de viaje crecen ya que esas personas deben recorrer largas distancias para encontrar algo distinto que viviendas pobres, como lugares de trabajo, incluidas las viviendas de otros grupos sociales, y servicios y equipamientos de cierta categoría. En lo social, esta segregación de gran escala estimula sentimientos de exclusión y de desarraigo territorial que agudizan los problemas de desintegración social.²²

En todo caso, lo que no debe olvidarse es que el significado y los efectos de la DSER, tanto a pequeña como a gran escala, varían de acuerdo con otros factores, que no solo están vinculados a la escala sino también al hecho de si una determinada forma de la DSER se presenta asociada o no a condiciones de relegación y exclusión que son experimentadas por los habitantes que las sufren como parte del hecho de habitar en determinados lugares. Esta circunstancia suele ir normalmente asociada al etiquetamiento y estigmatización social de tales lugares, lo que se refleja en la misma denominación que se les otorga para identificarlos: «bajos fondos», «villas miseria», «favelas», «barrios de rancho», etc. En sí mismas, la jerarquización socioespacial de barrios y localidades o su diferenciación según el predominio de distintos grupos étnicos o religiosos no constituyen un factor de desintegración social. El vivir junto a otros de condición social semejante o que comparten ciertos orígenes y valores puede, al contrario, facilitar y expresar formas específicas de integración tanto a la ciudad como a la sociedad en sentido amplio²³.

A modo de conclusión

Un punto central que es necesario tener en cuenta a la hora de tratar de entender la DSER en las ciudades latinoamericanas es la existencia de dos mercados de suelo y vivienda: el mercado formal y el mercado informal. La demanda del segundo está constituida, en lo fundamental, por las clases populares. Los estudios de caso que, por ejemplo, trae a colación Peter Ward en un texto reciente, con el propósito de examinar el papel desempeñado por estos dos mercados en la construcción de la segregación urbana, muestran precisamente que se trata de una construcción que varía de acuerdo con la mayor o menor porosidad o vasos comunicantes existentes entre ambos²⁴. Así, en los casos de mayor porosidad, los niveles de segregación tienden a ser menores, porque las diferencias de precio entre ambos mercados son relativamente reducidas, lo que determina que haya mayores posibilidades de intercambio, es decir, de pasaje del mercado informal al formal y viceversa. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando las diferencias de precios entre ambos mercados son más significativas, la porosidad es menor y, por consiguiente, la segregación tenderá a ser más marcada.

Pero, en realidad, el principio aplicable a la dupla formal/informal puede emplearse generalmente respecto de distintos segmentos tanto del mercado formal como del informal, relacionados con la jerarquía socioespacial establecida a partir de diferentes formas de producción de vivienda y del espacio urbanizado. De esta forma –y esto es posible observarlo con mayor claridad en las grandes zonas metropolitanas–, distintas áreas tenderán a especializarse o estarán caracterizadas por el predominio de viviendas dirigidas fundamentalmente a familias correspondientes a ciertos estratos socioeconómicos.

En efecto, lo que llama la atención en la generalidad de los trabajos anglosajones sobre la segregación urbana es que la asumen como algo que es producido a partir de las diferencias de clase y tienden a ignorar el vehículo urbano a través del cual esas diferencias se construyen. Es decir, ignoran el hecho de que no existe otra forma de producir segregación que a través del mercado inmobiliario y la planificación urbana, en particular bajo su modalidad de zonificación y planes de usos del suelo, y por consiguiente ignoran igualmente el papel desempeñado por la promoción inmobiliaria que lee las diferencias de clase y de capacidad de pago y opera en consecuencia, especializándose en ciertos nichos.

Las jerarquías socioespaciales no son producidas en forma directa por las clases sociales o los grupos étnico-raciales o, para el caso, por distintos grupos sociodemográficos (definidos por el ciclo vital familiar, las preferencias sexuales, el tipo de hogar, etc.), sino indefectiblemente a través del vehículo constituido por las formas de producción del espacio habitado y por la segmentación del o los mercados inmobiliarios. Desde luego, una vez especializada una determinada área, la reproducción o transformación de esa especialización –por ejemplo, la conversión de un área urbana claramente especializada en un área socialmente más heterogénea– es producida por el mercado secundario o de segunda mano de la vivienda y por los procesos de renovación urbana.