En los últimos 220 años ningún presidente estadounidense que perdió la reelección intentó perpetuarse en el poder contra la voluntad de los votantes. Donald Trump interrumpió esa arraigada tradición en 2020, negándose a aceptar la victoria de Joseph Biden en los 50 estados de la Unión por siete millones en el voto popular y 306 votos electorales contra 232 en el Colegio Electoral. Durante dos meses, Trump tildó a las elecciones del 6 de noviembre de 2020 de fraudulentas (un «robo histórico») e interpuso más de 60 demandas en tribunales de la nación. Todas fueron desestimadas por falta de evidencia, incluyendo a la Corte Suprema con los votos de los tres nuevos miembros conservadores nombrados por Trump. 

El 2 de enero, Trump tuvo una conversación telefónica (grabada) con el secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, y lo presionó para que «consiguiera 11.000 votos», alegando que había habido diversos fraudes, que él había ganado la elección y que, si se negaba, estaría cometiendo un crimen. Raffensperger recusó con pruebas las falsas alegaciones del presidente y aseveró que las elecciones habían sido limpias (un resumen de la grabación fue publicada al día siguiente en la portada del New York Times). El presidente apeló sin éxito a los gobernadores republicanos de Georgia y Arizona, convocó a la Casa Blanca a los legisladores republicanos de Michigan para que cambiasen los resultados electorales y pidió al líder republicano de la Cámara de Representantes de Pennsylvania que hiciera lo mismo. También presionó al vicepresidente Mike Pence para que este apoyara en el Congreso la impugnación de varios republicanos contra la «elección ilegítima de Biden», bajo la falsa creencia de que el vicepresidente podía bloquear la certificación de la victoria, revertir el resultado electoral y darle un segundo mandato presidencial a Trump. Pero el propio Pence le advirtió que esto era imposible, dado que requería el voto mayoritario de las dos Cámaras y los demócratas controlaban la de Representantes.

En la mañana del día 6, el presidente exhortó a sus partidarios intransigentes, reunidos cerca de la Casa Blanca, que marcharan hacia el congreso para revertir la elección de Biden: «Tienen que luchar mucho más duro, mostrar más fuerza para parar el robo. Si no pelean como demonios no tendremos un país. Voy a marchar junto a ustedes al Congreso». Evidentemente, no lo hizo. Su hijo Donald Jr. llamó a los secuaces a «luchar contra una elección corrupta». Su otro hijo, Eric, declaró: «nunca, nunca dejaremos de pelear» e Ivanka calificó a los sediciosos de «patriotas estadounidenses».

Una multitud de decenas de miles de personas predominantemente blancas, algunas armadas (se encontraron bombas y once cócteles molotov), portando banderas (incluyendo confederadas), varios con camisetas antisemitas o neonazis, atacaron a una parca escolta que defendía el Capitolio, rompieron ventanas e irrumpieron en el recinto, donde destrozaron muebles y objetos de arte, dispararon al aire, se sentaron en las sillas presidenciales de las dos Cámaras y en la oficina de la líder de la Cámara (tomándose selfies), donde robaron dos computadoras portátiles con información clasificada. Intentaron entrar al recinto donde se reunían los legisladores para certificar la elección de Joe Biden y Kamala Harris, pero la puerta fue trancada por guardias capitolinos armados, los cuales escoltaron la fuga de los congresistas. Un ayudante rescató las dos cajas con los certificados de los votos enviados por los colegios electorales estaduales, asegurando que los vándalos no robasen los resultados de la elección. Cinco personas murieron (incluyendo un policía) y decenas fueron heridas. Fue un milagro que ningún legislador fuese atacado e incluso asesinado y que no hubiese más bajas. También hubo ataques armados a varias capitales estaduales.

Un video tomado dentro de una carpa en los jardines de la Casa Blanca muestra a Trump, a sus tres hijos mayores y a otras 20 personas, siguiendo alborozados en varios televisores a la turba que asaltaba el Congreso. Donald Trump Jr. agradeció a los sediciosos por su apoyo y amor y su novia los alabó como «patriotas». A pesar de los desmanes, Trump no llamó a la Guardia Nacional para que pusiera fin al caos. Una actitud contraria a la que tomó en junio cuando, frente a una multitud con predominio de afroaestadounidenses (no de blancos sediciosos) que protestaba pacíficamente frente a la Casa Blanca contra el asesinato de George Floyd por la policía, ordenó a 5.000 uniformados que disolvieran brutalmente la manifestación con gases lacrimógenos a fin de poder salir y tomarse una foto en una iglesia cercana con una biblia en la mano. La candidatura de Trump se basó en «la ley y el orden». Sin embargo, como presidente auspició el mayor caos y la peor violación Constitucional en la historia de la República.

En la tarde del día 6 de enero, Biden se dirigió a la nación pidiéndole calma, exhortando a la unidad, pero afirmó que lo que ocurría no era una protesta sino una «insurrección sin precedentes en tiempos modernos» y urgió a Trump que terminase con el «asedio». Fue el vicepresidente Mike Pence, quien presidía la interrumpida sesión del Senado, quién condenó la violencia y ordenó a la Guardia Nacional que terminase con la insurrección, lo que provocó la crítica de Trump. Más tarde, Trump pidió a los insurrectos que volvieran a sus hogares, pero arguyendo que el vandalismo había sido provocado por el fraude electoral y advirtiéndoles que sus acciones estaban siendo usadas por el «enemigo». Poco después, Twitter, Facebook, Google y Amazon bloquearon el acceso del presidente para evitar nuevas incitaciones, un hecho sin precedentes en la historia de la nación. 

Tras la evacuación del Congreso y la restauración de la calma por la Guardia Nacional, los legisladores reanudaron la sesión de certificación. El líder republicano del senado Mitch McConnell, un devoto aliado de Trump, imploró a los senadores que no continuasen obstruyendo los resultados de las elecciones, porque no tenían posibilidad de triunfar. El excandidato presidencial Mitt Romney condenó la incitación de Trump y a los republicanos que objetaban la elección de Biden. Abrumados por lo ocurrido, un grupo pequeño de republicanos que habían apoyado la objeción cambiaron su posición, incluyendo al senador por Carolina del Sur y fiel aliado Lindsey Graham, quién proclamó la legitimidad de la elección de Biden pero, debido a la fuerte crítica de los trumpistas, dos días después retomó su diatriba contra los demócratas. Ocho senadores y 139 diputados republicanos votaron ratificando la impugnación de Biden. Uno de los senadores que votó en este sentido fue Josh Hawley de Missouri, que había dado la bienvenida a los sediciosos y, después del asalto, defendió «el derecho a enfrentar el fraude» en Pennsylvania, aduciendo falazmente que no habían podido recurrir a la Corte Suprema del estado (de hecho, lo hicieron y la demanda fue denegada por falta de evidencia). Igual postura tomó el senador Ted Cruz de Texas al declarar, sin prueba alguna: «hemos visto alegaciones sin precedente de fraude en el voto». La sesión legislativa terminó a las tres y media de la madrugada con una aplastante derrota de los republicanos impugnantes y la proclamación de Biden como presidente. 

Al tiempo que ocurría la insurrección, los dos demócratas postulados en la elección de Georgia fueron elegidos: el pastor afroamericano Raphael Warnock (primer senador negro por un antiguo estado confederado) y el judío Jon Ossoff, símbolos de la diversidad tan odiada por los trumpistas. Ellos dieron el 50% de los votos en el senado a Biden (la vicepresidenta Harris tiene el voto de mayoría en un senado con 50 demócratas y 50 depublicanos), un triunfo doble de la democracia. 

Al día siguiente, debido al fracaso en el Congreso, la crítica generalizada a su incitación y demandas de su renuncia, Trump cambió radicalmente su retórica: condenó la violencia y la destrucción de la propiedad como una violación a la ley y el orden, afirmó falazmente que él había llamado a la Guardia Nacional (en realidad, fue Pence quien lo hizo), aseguró que habría una transición pacífica y ordenada, y clamó por unidad y la reconciliación para enfrentar la pandemia y reconstruir la economía. Sin embargo, reiteró que la elección le había sido robada, llamó «especiales» a los sediciosos a los que «amaba» y les prometió: que la lucha estaba «solo comenzando». Es decir, afirmó tácitamente que continuaría con su tortuosa conducta. En otro cambio de opinión, el viernes 8, Trump aseveró desafiante que seguiría siendo una fuerza potente en la política norteamericana. Además, anunció que no renunciaría ni asistiría a la toma de posesión de Biden, siendo el primer presidente en 150 años en tomar una decisión de este tipo. Cuatro días después, Trump declaró que su incitación al motín había sido «totalmente apropiada».

Periodistas de la cadena de televisión conservadora Fox News justificaron la conducta de Trump y la insurrección como una reacción contra los «Antifa» (activistas de izquierda antifascistas), afirmando falsamente que había infiltrado a los manifestantes y se había hecho pasar por trumpistas.

«El mayor fracaso policíaco en la historia de Estados Unidos»

Claras señales de peligro fueron la exhortación por Trump a sus prosélitos en abril para que atacaran a la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, quienes intentaron secuestrarla e irrumpieron armados en el Capitolio del estado tras la incitación de Trump a «liberar Michigan». Según la senadora Sylvia Santana «Michigan fue el precursor de lo que ocurrió en el Congreso en Washington». No hubo mayores incidentes con la policía y solo dos arrestos.

El 4 de enero, la policía metropolitana arrestó al líder de la milicia de extrema derecha Proud Boys [chicos orgullosos] por quemar una bandera del movimiento Black Lives Matter y le confiscaron armas. En la noche siguiente, en la víspera de la insurrección, 2.000 manifestantes realizaron en Washington «La concentración para salvar a Estados Unidos». El orador principal expuso las teorías falsas del robo electoral y atacó a los enemigos: los demócratas, los republicanos traidores, los comunistas y los satanistas. Otro de los participantes clamó: «es hora de hacer la guerra». Muchos de los asistentes –entre ellos, miembros de la milicia neofascista cuyo jefe había sido arrestado– portaban garrotes, cuchillos y pistolas. Durante semanas, diversas plataformas informáticas habían enviado miles de mensajes convocando a la concentración, organizándola y anunciando que pelearían por su causa. Se habían expedido permisos para 30.000 manifestantes. Trump y sus hijos habían instigado a que marchasen hacia el Capitolio.

Seis días antes del asalto, la representante demócrata por California Maxine Waters interrogó por una hora al jefe de la guardia capitolina Steven Sund sobre su preparación para una revuelta de grupos violentos que sembrarían el caos: «Él me aseguró que todo lo tenían bajo control y estaban preparados contra cualquier evento». La policía del Capitolio rechazó ofertas de ayuda de la Guardia Nacional y el FBI, asumiendo que la marcha de extremistas trumpistas sería pacífica. Aunque muchos policías capitolinos lucharon contra los agresores, se ha iniciado una investigación contra doce de ellos que habría colaborado o fueron amistosos con los ocupantes. Los dos sargentos encargados de la seguridad en el Senado y la Cámara renunciaron tras ser acusados de rechazar el pedido de protección por la guarda capitolina.

El Congreso de Estados Unidos es uno de los edificios supuestamente más seguros en el mundo. Cuenta con 2.000 oficiales, la mitad de la fuerza policial completa de Washington D.C. Los grupos que arribaron primero no eran mayores que los que la policía enfrenta de forma rutinaria. En minutos, la cerca externa colapsó y los oficiales estaban en franca retirada. No hubo inteligencia ni estrategia previa. La alcaldesa de Washington D.C. telefoneó al secretario del ejército pidiéndole refuerzos de la Guardia Nacional y este respondió: «tiene que haber un determinado sentido de urgencia no de pánico». Además, exigió que la petición fuese hecha por la guardia del Capitolio. Pasaron noventa minutos antes de que se cumpliesen estos trámites burocráticos. Es iluso creer, por ende, que todo fue negligencia o ineptitud. La conclusión lógica es que Trump estuvo activamente implicado en la fallida defensa del Capitolio.

Los oficiales encargados de la seguridad del Congreso intentaron explicar su fracaso, aduciendo que no tenían señales de que la manifestación se tornaría violenta. Debido a la protesta de los legisladores por la brecha inexplicable en la seguridad, renunció el jefe de la policía del Capitolio. Grupos de extrema derecha enviaban mensajes por plataformas informáticas convocando a otro atentado violento el 20 de enero, el día de la asunción de Biden. «Regresaremos portando armas, en apoyo de nuestra misión, ¡lo cual el mundo jamás olvidará! Iremos en tal número que ningún ejército ni policía podrá contener. La segunda ronda será el 20 de enero. Esta vez no habrá piedad, queremos la guerra». Trump no asistirá a la ceremonia de posesión y ha renunciado el secretario actuante de seguridad interna que supervisa al servicio secreto, lo cual facilitaría un atentado contra Biden. Según el FBI: «Hay preocupación creciente que los extremistas violentos, envalentonados por el asalto al capitolio, actúen de nuevo». Se han inscrito 16 grupos trumpistas para realizar protestas y hay amenazas de ataque contra las capitales de los estados. Las autoridades del distrito federal han declarado el estado de alerta y han creado una coordinación entre todas las agencias de seguridad, movilizado 15.000 guardas nacionales para proteger el Capitolio. Además, han erigido una zona de protección alrededor del edificio. Las capitales estatales también se están preparando. 

¿Insurrección, sedición o golpe de Estado?

«Quienquiera que incite, asista o se implique en una rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes o provea ayuda» es considerado sedicioso en el país. Según las normas «será multado o sancionado a prisión por no más de diez años o ambos y será incapaz de ocupar cualquier cargo público en Estados Unidos». Algo similar ocurre con la categoría de insurrección, a la que se define como «un levantamiento o rebelión contra el gobierno, usualmente manifestado por actos de violencia contra el Estado y sus funcionarios». Se considera un crimen incitar, asistir o implicarse en tal conducta». El castigo es similar al de la sedición. 

Un golpe de Estado es un intento ilegal de tomar el poder usando fuerza, usualmente con participación militar o tropas de seguridad o grupos organizados. Técnicamente, no es eso lo que ocurrió en Estados Unidos. Sin embargo, y cada vez con mayor frecuencia en el mundo, las democracias colapsan gradualmente. Los casos de Rusia, Turquía, Hungría y Venezuela son sintomáticos al respecto. Gobernantes electos democráticamente horadan de forma progresiva la democracia, atentan sistemáticamente contra las libertades ciudadanas y modifican las leyes para reelegirse y perpetuarse en el poder. El primer apartado de este enfoque se aplica perfectamente a Trump. El segundo podría haber ocurrido si hubiese triunfado en su intento de revertir la elección presidencial. Thomas Friedman, un conservador crítico con la administración trumpista, opinó que Trump «intentó el primer golpe de estado legislativo en la historia de Estados Unidos», mientras que el periodista Andrés Oppenheimer calificó el asalto al congreso como «un ejemplo clásico de autogolpe, como en el que intentó para un cuarto mandato Evo Morales en Bolivia en 2019». Las definiciones legales anteriores no dejan dudas de que Trump cometió los crímenes de insurrección y sedición, mientras que estuvo a punto de realizar un golpe de estado, aunque no pudo completarlo.

Las alternativas para castigar a Trump

Hay tres acciones que podrían despojar a Trump de la presidencia. La primera es su renuncia. Nancy Pelosi apeló sin éxito a los legisladores republicanos para que se lo exigieran a Trump y el Wall Street Journal en un editorial demandó también la renuncia. La segunda es aplicar la Enmienda 25 de la Constitución que dispone reemplazar al presidente cuando sea «incapaz de desempeñar los poderes y obligaciones de su cargo». Este proceso debía ser iniciado por el vicepresidente y ser aprobado por la mayoría del gabinete del presidente. Hasta ahora, más de cien legisladores apoyaron esta acción y Pelosi intentó inútilmente hablar por teléfono con Pence. Sin embargo, los representantes republicanos rechazaron esa vía. El martes 12, la Cámara pasó una resolución dando 24 horas a Pence y al gabinete para que invocase la Enmienda 25. La tercera acción es el encausamiento presidencial por el Congreso (impeachment), el segundo para Trump, basado en su «incitación violenta contra el gobierno de Estados Unidos». En caso de ser condenado, no podría postularse de nuevo a la presidencia, aunque hay diversas interpretaciones al respecto. El miércoles 13, todos los demócratas y 10 republicanos en la Cámara (232 contra 197) aprobaron el enjuiciamiento, pero este requiere el voto de dos tercios de los senadores (solo 12 senadores republicanos votarían en favor y se necesitan 17). McConnell ha dicho que apoyará el encausamiento. Al no haber tiempo suficiente para completar el proceso antes de que termine el período de Trump, puede ser legalmente continuado después. A partir del día 20, entrará el nuevo Senado con mayoría demócrata. 

Biden ha dicho que él no se involucrará en el proceso pero que tampoco lo impedirá. No obstante, dicho proceso durante los cien primeros días de su mandato sería una seria distracción para las acciones urgentes que el nuevo presidente debe tomar. Para resolver el obstáculo se ha propuesto que el encausamiento se inicie, pero se suspenda hasta pasados los primeros cien días de la nueva administración. Varios republicanos que sin justificación legal impugnaron la elección de Biden, ahora imploran en nombre de la unidad que no haya encausamiento. 

El presidente podría perdonarse a sí mismo y a otros miembros de su familia involucrados en varios delitos. No hay precedente de esa acción que no ha sido puesta a prueba por el sistema judicial y existe división sobre su legalidad entre los juristas, pero estos concuerdan que sentaría un peligroso precedente. El perdón protegería a Trump de acusaciones federales, pero no contra demandas estatales de responsabilidad criminal o civil, como están interpuestas, entre otros, por el distrito de Nueva York. 

El premio Nobel Paul Krugman advierteque «la lección de los extremistas trumpistas es que ellos pueden atacar las instituciones clave de la democracia estadounidense, sin sufrir sus consecuencias, lo cual los anima a nuevas violaciones. Es esencial que haya toma de cuentas por los crímenes cometidos en los últimos cuatro años». Según la ley, la incitación a la insurrección o la sedición por Trump es sancionable hasta diez años de prisión y este crimen no debería quedar impune. Es fundamental que sea procesado de una forma u otra para desterrar la falsedad del fraude electoral, evitar una repetición de sus transgresiones, impedir su potencial candidatura en 2024 y prevenir que otros autócratas como él se atrevan a intentar una insurrección futura.