Desde comienzos del siglo xxi, América Central¹ se encuentra atrapada en una serie de tensiones inéditas producto de transformaciones sociopolíticas contradictorias. Los países centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), registran tasas de homicidios que los ubican entre los más violentos del mundo, a excepción de los países en guerra. La totalidad de los países del istmo son escenario de fenómenos de corrupción generalizada que involucran al conjunto de la clase política y a buena parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, sin olvidar el aparato judicial. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua ven cómo un número sin precedentes de sus habitantes emigran a Estados Unidos vía México, y en menor medida a Costa Rica y Panamá. Paralelamente, todos los países del istmo viven reiteradas crisis políticas debidas en parte a los intentos de sus elites políticas de perpetuar viejos habitus oligárquicos, así como a los ataques contra ciertos principios democráticos y la instauración de formas de tiranía. Además, estas crisis se ven impulsadas por el surgimiento de nuevas aspiraciones democráticas, cada vez más alejadas de los aparatos políticos existentes. En este artículo, me propongo describir y analizar este entramado de fenómenos contradictorios.

Las formas de la violencia y la corrupción

Nuevo auge de la violencia

El Acuerdo de Paz regional de Esquipulas (1987), y luego los acuerdos de alto el fuego entre los contras y los sandinistas (1988) en Nicaragua, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) y el gobierno de Alfredo Cristiani (1992) en El Salvador y, finalmente, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng) y el gobierno de Álvaro Arzú (1996) permitieron el fin de guerras internas particularmente mortíferas. 

El primer efecto de estos múltiples acuerdos de paz fue una rápida disminución de la violencia homicida. En un país como El Salvador, donde a comienzos de los años 1990 la tasa de homicidios tras los acuerdos de paz seguía siendo superior a 140 por cada 100.000 habitantes, esa cifra se redujo regularmente año tras año hasta llegar a 37,8 en 2001. Si bien las caídas observadas en Guatemala fueron menos espectaculares, no fueron por ello menos significativas: 38 en 1997; 24,19 en 1999. Finalmente, en Nicaragua esa tasa se redujo considerablemente a partir de 1988 hasta caer a 9,5 en 2000. En cambio, la violencia común, no homicida, compuesta por una mezcla de riñas con golpes y heridas, robos y extorsiones, violaciones y violencia familiar, no disminuyó en absoluto. Muy por el contrario, creció en los países otrora en guerra. En esos países, como sucedió en Honduras, se observó además el resurgimiento de una conflictividad social, a veces muy desorganizada y atomizada. Muchos de los actores armados desmovilizados, provenientes tanto de las filas militares como de las guerrillas, fueron generalmente los responsables directos de estas nuevas formas de violencia no homicida. En este contexto comenzaron a prosperar en los barrios populares urbanos de los países del Triángulo Norte las maras, cuyos orígenes son complejos y trascienden los límites de este artículo. De esta manera, los países centroamericanos reanudaron habitus de violencia que siempre habían estado en el corazón de múltiples interacciones comunes incluso antes de los años de conflicto. Un reflejo de esta influencia de la violencia a lo largo del tiempo son las tasas de homicidios que existían antes en El Salvador, 30 en 1965, y 16,5 en la misma época en Nicaragua². 

A partir de los años 2000, en todos los países centroamericanos, a excepción de Nicaragua, se observó un continuo aumento de las tasas de homicidios y el recrudecimiento de muchas otras formas de violencia, en especial de los secuestros, múltiples formas de extorsión, violaciones y violencia doméstica. El fenómeno fue particularmente llamativo en Honduras, que no había vivido una guerra interna en los años 1980. Se observaron tasas de homicidios extremadamente altas, 50 a partir de 2000, 84 en 2011. Si bien estas tasas se redujeron, siguen siendo en extremo altas, 39 cada 100.000 habitantes en 2018. Estos fenómenos de violencia estuvieron particularmente presentes en las zonas urbanas y fronterizas. El Salvador vivió también un aumento considerable de la tasa de homicidios; esta, que era de 48 en 2002, llegó a ser 71 en 2009, antes de registrar una reducción importante en 2013, 40, seguida de una nueva tendencia al alza hasta 2015, cuando llegó a 105 antes de decrecer nuevamente. Las zonas urbanas y el área fronteriza con Honduras y Guatemala fueron las más afectadas. Esta multiplicación del número de homicidios se vio acompañada de muchas otras formas de violencia presentes en Honduras. Se observa, aunque en menor proporción, la misma suba de la tasa de homicidios en Guatemala. Los escenarios de este recrudecimiento de la violencia fueron en, primer lugar, la capital y las zonas fronterizas. Nicaragua, por su parte, no registró una subida espectacular de la tasa de homicidios a escala nacional, excepto en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur.

En todos esos países, el mapa de la violencia, ante todo urbana, ya nada tiene que ver con la de los años de guerras internas, cuando la violencia tenía lugar mayormente en los territorios rurales. Del mismo modo, los actores de la violencia han cambiado en gran medida. Mientras que antes los principales responsables eran los miembros de las Fuerzas Armadas, la policía y las guerrillas, desde hace una veintena de años la violencia es causada por nuevos actores. Se trata, por supuesto, de sicarios a las órdenes de narcotraficantes y empresarios forestales o mineros, múltiples bandas del crimen organizado, ligadas o no al narcotráfico, y mareros. Los blancos de estos asesinatos son sindicalistas, activistas ambientales, periodistas o campesinos que defienden sus tierras. Finalmente, se observan operaciones de «limpieza social» que apuntan a los mareros o a los vagabundos y los jóvenes en situación de calle, que son llevadas a cabo por policías que realizan adicionales para empresas de seguridad privada. Finalmente, son los mareros quienes asesinan a los miembros de las bandas rivales y a los habitantes de los barrios populares que se resisten a sus extorsiones.

Nuevos flujos migratorios

Estas nuevas formas de violencia tuvieron como consecuencia un incremento de los movimientos migratorios desde los países del Triángulo Norte, vía México, con destino a eeuu y, en menor medida, a Canadá. En efecto, los movimientos migratorios, que hasta los años de las guerras internas solo involucraban a un pequeño número de personas, registraron a partir de los años 2000 un fuerte crecimiento. La emigración de los años de guerra (1979-1987) ya había permitido a muchos centroamericanos instalarse en los países de América Central no afectados por las guerras internas, pero también en México, eeuu y Canadá. Ellos ayudaron luego a los migrantes de los años posteriores a la guerra.

A partir de la década de 1990, las migraciones a México y eeuu registraron un constante aumento, en primer lugar, en El Salvador, donde el porcentaje de la población que decidió emigrar para escapar de la violencia y en busca de mejores oportunidades de trabajo creció de 16% en 2000 a 35% en 2017. Fenómenos análogos, pero de menor amplitud, se observan en Honduras y Guatemala, donde el número de migrantes se triplicó durante el mismo periodo y donde su porcentaje respecto del total de la población pasó de 5% a 10%. Nicaragua también vivió fenómenos migratorios importantes, con la gran diferencia de que sus habitantes emigran, como es habitual, a eeuu, pero también, en proporciones casi similares, a la vecina Costa Rica. La emigración siguió ampliándose en 2018, tras la brutal represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. 

Estos nuevos movimientos migratorios, sin precedente alguno en el istmo, resultan emblemáticos de la manera en que muchos centroamericanos perciben la falta de futuro debido a la violencia allí imperante, y también a las escasas oportunidades en términos de empleo, sobre todo, para los más calificados.

Una corrupción proteiforme

El incremento de la violencia debe leerse en paralelo con el surgimiento de formas de corrupción infinitamente más complejas y sistemáticas que en las décadas de 1980-1990, por varias razones. En primer lugar, porque el istmo centroamericano se convirtió en la principal zona de tránsito para el transporte de la cocaína producida en América del Sur con destino a eeuu. Luego, como consecuencia del crecimiento de las actividades del sector primario en las economías centroamericanas, que se vio acompañado por múltiples transacciones ilegales. Lo que significa que, desde hace más de un cuarto de siglo, mercaderías ilegales de un valor considerable pasan por los países centroamericanos. En 2005, los expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (onudd) calculaban que el pib de los países de tránsito era en esa época inferior al valor total de la cocaína transportada a eeuu³. Si bien en la actualidad las ganancias generadas por ese comercio ilegal son proporcionalmente menos importantes teniendo en cuenta la suba del pib de los países centroamericanos, no dejan de jugar un papel esencial en la economía de estos países. Una serie de actividades como el comercio de indumentaria, el de vehículos, la actividad gastronómica, los bancos, el sector inmobiliario, la construcción y la obra pública y el turismo se beneficiaron en gran medida del lavado de los narcodólares.

Los militares, las elites políticas y el sector judicial son los sectores claves de este comercio ilegal que hoy es dominado por narcotraficantes mexicanos. Se estima además que la fuerza de su poder de intimidación y corrupción tiene un peso creciente en los gobernantes de los países del Triángulo Norte. En cambio, en Nicaragua, la hipercentralización del poder en torno de la familia Ortega desde su retorno al poder (2006) contribuye a mantenerlos en situación de subordinación. Esta colusión entre el sector político, las fuerzas armadas y policiales y la justicia favorece también otras actividades ilegales como el robo y el tráfico de vehículos y la trata de personas, en especial la prostitución, particularmente en el Triángulo Norte.

La influencia, cada vez más fuerte, de la corrupción ligada al narcotráfico y al crimen organizado se vio acompañada por el desarrollo paralelo de otros fenómenos de corrupción ligados a la afluencia de recursos financieros provenientes de la cooperación internacional, tanto de agencias internacionales y gobiernos preocupados por ayudar a los países del istmo como de capitalistas deseosos de invertir en los sectores de actividad más diversos. Los esfuerzos realizados por la cooperación internacional para apoyar programas de reinserción de guerrilleros desmovilizados en la década de 1990, y luego para ayudar a la reconstrucción de los países devastados por el huracán Mitch (1998), o por los terremotos en los años 2000, fueron objeto de desvíos de fondos considerables. La ayuda provista por Venezuela en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), especialmente a los gobiernos de Nicaragua y El Salvador a partir de 2006, pero también a Honduras durante el breve mandato de Manuel Zelaya (2006-2009), fue objeto de desvíos sistemáticos.

La última forma de corrupción consiste en el tráfico de influencias y el sistema de sobornos que emanan de quienes ejercen la autoridad política y administrativa en todos los niveles. Diferentes presidentes centroamericanos y sus familiares ofrecieron sus servicios para el otorgamiento de autorizaciones administrativas a empresarios que deseaban invertir en actividades agrícolas, mineras, comerciales o industriales. También organizaron sistemas de fraude aduanero.

Estos fenómenos fueron tanto más importantes cuanto que tres de estos países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, vivieron cada uno cerca de una década de guerras internas que frenaron las inversiones económicas en todos los sectores. Por eso, la reanudación de las actividades productivas asociada a algunos cambios en el régimen de la propiedad, en especial en Nicaragua, en el momento del cuestionamiento de algunas confiscaciones operadas bajo el régimen sandinista, o de las transformaciones territoriales surgidas del éxodo de algunas poblaciones en las zonas rurales en Guatemala y El Salvador, crearon enredos jurídicos propicios para todo tipo de transgresiones legales en nombre de una visión desvirtuada de la eficiencia. La cuestión de la transferencia de propiedades tuvo un giro particularmente espinoso en Nicaragua, donde los sandinistas votaron leyes que disponían la transferencia de propiedades, casas, inmuebles, propiedades agrícolas y empresas nacionalizadas en beneficio de dirigentes de la revolución y de autoridades del partido, pero también de cooperativas agrícolas, familias de campesinos y habitantes de barrios precarios. Estas leyes –denominadas «la Piñata»– afectaron así toda posibilidad de distinguir entre lo justo, una redistribución agraria o una reforma urbana equitativa, y lo injusto, la creación de fortunas privadas que convirtió a algunos sandinistas en rivales de los antiguos oligarcas de los años somocistas. En menor medida, se observaron problemas similares en las zonas rurales de Guatemala. Decenas de miles de campesinos que habían abandonado sus pueblos para escapar de las matanzas del Ejército fueron despojados de sus tierras en beneficio de aquellos que habían aceptado colaborar con las Fuerzas Armadas, y fenómenos del mismo tipo tuvieron lugar en las zonas rurales salvadoreñas.

Pseudodemocracias

Estas formas de violencia y corrupción que comenzaron a florecer en América Central están evidentemente ligadas a los fracasos de los regímenes democráticos que se instauraron tras los Acuerdos de Paz de Esquipulas en los años 90. En efecto, si bien estos pactos permitieron en todas partes el restablecimiento del Estado de derecho, estuvieron acompañados de procesos de amnistía para los crímenes cometidos durante los años de guerra que instauraron una forma de impunidad. 

Sin embargo, nadie duda de que estos acuerdos de paz contribuyeron al fortalecimiento de costumbres democráticas. Implementaron mecanismos que prohíben a los países signatarios apoyar las operaciones armadas llevadas a cabo desde sus territorios a través de las guerrillas. El compromiso de los signatarios de restablecer las libertades fundamentales a menudo vulneradas por los estados de excepción en vigor, así como de organizar rápidamente elecciones pluralistas y competitivas, también pesó en favor de la instauración de regímenes democráticos, en particular en Nicaragua. Observemos también que los acuerdos vinieron a reforzar la influencia de procesos democráticos a veces iniciados con anterioridad, en especial en Honduras y El Salvador, a partir de 1982 y 1984, y en Guatemala en 1985. Estos acuerdos significaron también todo un aggiornamiento democrático en sectores otrora partidarios de la violencia, que pensaban que la sociedad necesitaba ser moldeada por la fuerza y no a través de pactos o de la expresión de la voluntad general mediante elecciones. Una serie de actores cercanos a la Contra y movimientos armados de los países del Triángulo Norte, como el fmln, la urng y el partido-Estado sandinista, se convirtieron a los ideales democráticos. Del mismo modo, los derechos humanos, que habían sido instrumentalizados para denunciar los crímenes de guerra del adversario, se transformaron en la piedra angular de una nueva reflexión sobre las exigencias universalistas consustanciales a las costumbres y los ideales democráticos. Esta nueva sensibilidad se expresó, en el mejor de los casos, en un resurgimiento de los medios de comunicación, la literatura y la música. También se hizo sentir en el lugar sin precedentes que ocuparon diferentes ong, algunas vinculadas al movimiento feminista o indígena, otras al seguimiento de la repatriación de los refugiados o preocupadas por cuestiones ecológicas y asuntos territoriales. 

Sin embargo, cabe señalar que, a partir de fines de la década de 1990, se expresaron claramente múltiples cuestionamientos a los principios democráticos en todas estas nuevas democracias. En cada una de ellas, hubo ante todo una persistencia de los hábitos de corrupción y violencia acompañada por proyectos muy pedestres. Las costumbres adquiridas durante los años de guerra, en los que la violencia más extrema se conjugó con increíbles fenómenos de corrupción, fueron en cierta forma legitimadas por los acuerdos de paz. En Guatemala, Nicaragua y El Salvador se decidió que el final de estas guerras estaría acompañado por amnistías para todos los protagonistas. Lo que significa que, en estos tres países, la combinación de hechos de violencia y corrupción, que fueron el telón de fondo de los años de guerra, y la ausencia de procesos judiciales que acompañó a los acuerdos de paz consagraron una cultura de la impunidad. Lo que es peor, esta cultura de la impunidad se instauró en el momento mismo en que se afirmó la necesidad de poner fin a las acciones armadas y poner en valor los principios democráticos. Es respecto de estas tensiones, entre las aspiraciones democráticas y la idea de que el poder descansaba necesariamente en la violencia y estaba acompañado de prebendas, como debe interpretarse el avance de la llamada dominación de los «poderes fácticos» en Guatemala y Honduras a partir de los años 1990, y luego el dominio de dos caudillos como Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en Nicaragua de 1996 a 2006, y después el de este último y de su esposa y, finalmente desde 2019, el de Nayib Bukele en El Salvador.

Si bien los acuerdos de paz suscriptos en Guatemala afirmaron la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y, para ello, reducir el peso de las Fuerzas Armadas y reforzar el poder de los aparatos administrativos civiles del Estado, estas medidas siguieron siendo letra muerta. Los aparatos de inteligencia militares no dejaron de existir y de llevar a cabo operaciones de intimidación e incluso asesinatos de «subversivos». A partir de los años 2000, responsables militares, empresarios y políticos se asociaron con las redes de narcotraficantes. Estas mafias infiltraron metódicamente el aparato de Estado y el sector político, y buscaron influir en la vida pública y someter al país. Se observan en mayor o menor medida los mismos fenómenos de colusión en Honduras, donde el control del aparato de Estado en beneficio de los intereses privados no fue menor. En Nicaragua, prácticas como la compra de votos en el Parlamento prepararon el terreno para una corrupción mucho más cotidiana que involucró a familiares de la presidenta Violeta Chamorro. Fue en este contexto que, valiéndose de la ayuda financiera de Muamar Gadafi, Ortega se deshizo de los renovadores y retomó las riendas del fsln prometiendo además que su retorno al poder permitiría adueñarse del Estado. A su vez, gracias a la ayuda financiera de los cubanos de Miami, Arnoldo Alemán se impuso como alcalde de la capital y luego como candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1996. A comienzos de los años 2000, Ortega y Alemán celebraron un verdadero pacto de cooperación para eliminar a sus competidores de la escena política, apoderándose de todas las instituciones claves del país: el tribunal que controla las finanzas, el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, el Parlamento. En 2006, este pacto permitió a Ortega ser reelecto para la Presidencia de la República con 38% de los votos y, desde entonces, perpetuarse allí instaurando un sistema que socava todos los principios democráticos de separación de poderes y de cuestionamiento del poder en elecciones pluralistas. Si bien El Salvador enfrentó los intentos de actores que buscaban privatizar e instrumentalizar el Estado para sus fines inmediatos, el crecimiento de dos partidos relativamente estructurados, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el fmln, permitió que subsistieran juegos de equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial e impidieran este tipo de control. Esta dinámica funcionó, mal que bien, hasta la elección de Bukele como presidente de la República en 2019.

La creciente omnipresencia de los fenómenos de violencia cotidiana, así como de corrupción, puso de manifiesto esquemas que cuestionaban los principios democráticos, por un lado, asignando de un modo u otro un papel central a la violencia en la conformación de los lazos sociales, y por el otro, desvalorizando los derechos humanos y los principios liberales de separación de poderes. Los primeros signos de esta manifestación de la violencia fueron las diferentes operaciones de «limpieza social» realizadas a la vez por asociaciones de vecinos o de comerciantes y empresas de seguridad privada, dirigidas a menudo por ex-militares. Estos asesinatos, que se multiplicaron a partir de la década de 2000 en el Triángulo Norte, fueron las más de las veces realizados en connivencia y a veces en coordinación no oficial con la policía. Esta última, no conforme con estas acciones clandestinas, desarrolló también una política de colusión con algunos grupos criminales dentro de las cárceles, muy especialmente en Guatemala y Honduras, donde toleró o supervisó numerosos ajustes de cuentas. Esta creencia en la necesidad de una erradicación del crimen a través de castigos ejemplares, inmediatos y despiadados desembocó en una retórica de la mano dura, que se convirtió en una temática política manifiesta no solo en el seno de los diferentes partidos políticos de derecha en el Triángulo Norte, sino que también fue retomada en El Salvador por el flmn y por algunos sectores de los partidos de izquierda. El llamado al disciplinamiento brutal de los grupos delictivos se vio acompañado por un movimiento de descrédito de los principios jurídicos liberales.

Los primeros cuestionamientos de estos principios en nombre de una necesaria protección de la sociedad contra el crimen fueron acompañados por la puesta en duda de los principios democráticos, que abrevó a la vez en una manifestación de los viejos esquemas del populismo que enfrentaban al pueblo con las elites, tanto en Honduras como en Nicaragua y El Salvador, y en una revalorización de la idea de la necesidad de un poder fuerte que pudiera establecerse en el tiempo y cuestionar la separación de poderes. Nada resulta más llamativo que el paralelismo entre la retórica de Manuel Zelaya, elegido presidente de Honduras en 2006, la de Daniel Ortega, reelegido como jefe del Estado nicaragüense, y finalmente la de Nayib Bukele a partir de 2019. Todos ellos proclamaron la existencia de un abismo insalvable entre el pueblo y las elites. Se presentaron como la encarnación del pueblo y destacaron su papel de conciliadores entre los intereses de los diferentes sectores de la sociedad, pretendiendo superar así las divisiones existentes. Zelaya se vio rápidamente frenado en sus veleidades de instaurar una posible reelección presidencial al final de su mandato por un golpe de Estado organizado en 2009 por una conjunción de fuerzas políticas ligadas a los sectores empresariales, una parte de los grupos mafiosos y el Partido Nacional tan poco democráticos como él. A pesar del movimiento de oposición democrática de 2018, Ortega pudo en cambio llevar a cabo su proyecto de instaurar una dictadura que abreva a la vez en las prácticas del somocismo y en las formas totalitarias de su propio poder en sus primeros años al frente de Nicaragua durante la Revolución Sandinista (1979-1990). A partir de su vuelta a la Presidencia en 2006, valiéndose de su control de las instituciones judiciales del país y del Tribunal Electoral, fue formateando el Estado a su voluntad. Este control de las instituciones políticas desembocó a partir de 2016 en la prohibición para sus posibles competidores de presentarse en las elecciones presidenciales, y en 2021, en el encarcelamiento de todos los líderes de la oposición. Actualmente, se observa la construcción de un poder totalitario, donde él y su esposa actúan como una pareja de egócratas que pretenden encarnar a un pueblo unido monolíticamente y en el que toda forma de oposición, política, sindical y social, queda reducida a la figura de «enemigos del Pueblo». 

Decir que los actores de la renovación democrática surgida en los años 1990 no la tuvieron fácil, se trate de las nuevas fuerzas políticas o de ong, asociaciones, medios de comunicación, movimientos campesinos o sindicales, sería decir poco. En el conjunto de los países centroamericanos (con excepción de Costa Rica), todos fueron objeto de vejaciones y campañas de difamación, así como de intimidación de los gobiernos vigentes. Lo que no impidió, sin embargo, a estos diferentes tipos de opositores llevar a cabo con mucha valentía campañas contra los poderes vigentes y lograr a veces algunas victorias. Toda una red de activistas alimentó el trabajo de la prensa y de los medios de comunicación centroamericanos, así como de las grandes ong internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Indian Law Resource Center y algunas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (onu). Lo que significa que, gracias a su trabajo y a su valentía, los hechos de corrupción y las numerosas violaciones a los derechos humanos son mucho más conocidos que antes. Algunos lograron además notables triunfos. Tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2001, el gobierno de Nicaragua debió indemnizar a una comunidad indígena cuyas reservas forestales había vendido a una empresa coreana. Pero las victorias más notables tuvieron lugar en Guatemala. La primera se produjo en 2006, durante la creación, con el aval de la onu, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig). A través de sus movilizaciones y sus campañas de prensa, la sociedad civil y un sector de la clase política lograron que el Parlamento aprobara la creación de esta comisión. Su trabajo, así como las manifestaciones de la sociedad civil, provocaron en 2015 la dimisión y el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina. Una nueva pulseada enfrentó a la cicig y a un sector de la población con el presidente Jimmy Morales, acusado también de corrupción. Paralelamente, entre 2012 y 2013, el ex-dictador Efraín Ríos Montt fue condenado en los tribunales de la justicia guatemalteca a 50 años de prisión por genocidio, pena agravada por una segunda condena firme a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Si bien estos fallos fueron casi de inmediato anulados por la Corte Suprema, el proceso no dejó de representar un avance importante en la sensación del derecho a tener derechos en Guatemala. Por su parte, sin lograr verdaderas victorias, fueron muchos los hondureños que se movilizaron contra la violencia común y las redes mafiosas, así como contra el golpe de Estado que derrocó a Zelaya y, más aún, contra la reelección fraudulenta de Juan Orlando Hernández. Pero es indudablemente en la Nicaragua de Ortega donde los partidarios de la democracia enfrentan mayores dificultades. En efecto, desde su regreso al poder en 2006, el presidente organizó una persecución metódica contra los opositores que consideraba más peligrosos: los medios de comunicación independientes que habían denunciado el peligro de su pacto con Arnoldo Alemán y puesto al descubierto sus redes de corrupción, así como las organizaciones feministas que habían apoyado a su hijastra Zoilamérica en sus denuncias de las violaciones repetidas de Ortega. Tampoco quedaron al margen los movimientos campesinos que se oponían a la construcción de un canal interoceánico, muchos de cuyos activistas fueron detenidos y a veces asesinados. Hoy es el turno de los militantes de los derechos humanos y la nebulosa opositora. Más de 550 fueron asesinados, centenares fueron encarcelados y acusados de terrorismo. Y por fin, en los primeros meses de 2022, luego de decisiones judiciales totalmente arbitrarias, más de un centenar de ellos fueron condenados a penas de prisión de más de diez años.

Foco de atención de la opinión pública internacional durante los años 80, América Central y sus crisis han pasado en la actualidad a un segundo plano para la opinión pública mundial. Así, aun cuando gracias a la revolución de la información que generó el surgimiento de internet, estamos más informados que nunca sobre cada sobresalto de las crisis centroamericanas, la opinión pública y las organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (oea) o la onu y la Unión Europea ponen en práctica el benign neglect respecto de esta parte del mundo. Solo les preocupan las olas migratorias con destino a eeuu y Canadá. Pero las instituciones internacionales y la opinión pública continúan siendo a menudo incapaces de vincular estos fenómenos a la creciente influencia de la violencia y las mafias de la droga, así como al avance de gobiernos corruptos y tiránicos. Las poblaciones cuyas aspiraciones democráticas van en aumento, tal como lo demuestran los recientes acontecimientos en Guatemala, Honduras o Nicaragua, tienen una necesidad vital de contar con el apoyo de las instituciones internacionales y de la opinión pública global para librarse de las nuevas tiranías que se están instaurando.

Nota: traducción del francés de Gustavo Recalde.