La crisis política peruana ha dado un vuelco. Tras asumir el poder el 28 de julio de 2021 como expresión del «Perú profundo», despreciado por las elites limeñas, Pedro Castillo nunca encontró un rumbo. Cambió un gabinete de ministros tras otro, perdió aliados, se mostró políticamente errático y terminó dependiendo de círculos oscuros de asesores y envuelto en crecientes denuncias de corrupción de su entorno y su familia. Pero fue su decisión de cerrar el Congreso -al que acusó de obstruccionista en un discurso con voz temblorosa- lo que selló su fin. Dos horas después, el Congreso que hasta ese momento no tenía mayoría para «vacarlo» la consiguió, y en pocos minutos el mandatario fue detenido, al parecer mientras buscaba llegar a la embajada mexicana. ¿Cómo se explican esta aceleración de la crisis y los errores del mandatario peruano? En esta entrevista, Marisa Glave ofrece algunas claves de lectura. Entre 2007 y 2013, Glave fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y entre 2016 y 2019, congresista de la República. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).

¿Cómo se explica la torpeza de Pedro Castillo de disolver el Congreso sin prever que en pocos minutos se quedaría completamente solo, cuando el Congreso además no tenía los votos para destituirlo?

El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de ministros sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos. Luego de formar un gabinete más amplio, con figuras de diversos sectores progresistas, terminó recostado en un entorno que la prensa ha llamado «los chotanos» o «los chiclayanos», dependiendo de su origen, que concentraron poderes de decisión alrededor del presidente y fueron además sus interlocutores en relación con lo que estaba ocurriendo en el país.

Recordemos una de las más penosas entrevistas del presidente, en la cadena CNN, en la que dijo que no leía periódicos ni veía televisión. De esa forma, ha ido recibiendo información mediada de quienes le hablaban al oído. Este entorno, muy poco capacitado, ha estado tomando decisiones y cometido error tras error.

El presidente Castillo nombró por ejemplo como canciller a una persona, Miguel Rodríguez Mackay, que había hecho declaraciones contra el propio presidente, a quien había tildado de comunista, que apoyó el indulto a Alberto Fujimori e incluso habló de fraude electoral, una denuncia sin fundamento del fujimorismo. Castillo también nombró como ministro del Interior a Mariano González, a quien terminó considerando un topo del golpismo dentro de su gobierno. Hubo niveles de precariedad e ingenuidad, y una especie de soberbia muy fuerte entre las personas que han estado tomando las decisiones.

Recientemente, Castillo cambió a dos figuras importantes: al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y al ministro de Defensa. En la DINI colocó al ex-general Wilson Barrantes, y en Defensa, a Gustavo Bobbio, dos personas muy enfrentadas entre sí. Hoy hay muchos rumores que están circulando en redacciones y diversos espacios de que estos dos funcionarios le habrían asegurado a Castillo que tenía la fuerza suficiente, entre las Fuerzas Armadas y la Policía, para avanzar en el cierre del Congreso, hacia ese golpe absurdo. Porque fue un golpe. La policía decidió de facto no responder a las órdenes del presidente, y evidentemente los militares también. Y luego hay un conjunto de personajes políticos del entorno del presidente, incluida la premier, Betssy Chávez [33 años, quinta presidenta del Consejo de Ministros desde que asumió Castillo], que creo que sobredimensionaron un posible respaldo popular a la decisión del presidente de cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente.

Diría demás que estas fantasías estaban acompañadas de un temor real de Pedro Castillo ante el avance de las investigaciones de la Fiscalía y el surgimiento de nuevos «colaboradores eficaces» (de la justicia) con un conjunto de testimonios que comenzaron a filtrarse en la prensa. Quizás el que más lo ha golpeado es el del ex-jefe de la DINI, José Fernández Latorre, hablando de posibles pagos a familiares de Castillo, así como del apoyo a funcionarios que están fugados en este momento. Y el día de hoy [7 de diciembre], el ex-jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, ha dado detalles muy pormenorizados de la suma de nueve millones de soles (más de dos millones de dólares) que habría recibido de una empresaria para financiar un conjunto de acciones del presidente Castillo, e incluso dinero que habría llegado para él. Creo que estos temores explican en parte la decisión de avanzar en esta tentación autoritaria, que se ha visto por otro lado como una característica en parte de su entorno.

Todo se terminó desarrollando en muy pocas horas y Perú tiene otro ex-presidente preso, parece una crisis sin fin en la que todos los mandatarios terminan en la cárcel, o incluso suicidados como Alan García... 

Todo esto podría interpretarse como eficacia de la justicia peruana, pero lo cierto es que, en realidad, se trata de muestras de la precariedad de la representación política y de un conjunto de golpes a la propia confianza de los peruanos. Si vemos las encuestas de IPSOS, Perú es uno de los países de América Latina con menor confianza en la democracia y mayor desconfianza en las autoridades. Entonces, ¿cómo sostener la democracia y las instituciones cuando más de 80% de los peruanos cree que la clase política solo se fija en su propia reproducción -y autoprotección- antes que en la búsqueda de transformaciones mínimas o pautas básicas de justicia en el país?

Castillo llegó como candidato del «Perú profundo» y desde el comienzo se vio que su gobierno transitaba un rumbo errático, sin mayoría parlamentaria, sin ideas y, como usted mencionaba, con entornos que terminaron sumergidos en la lógica de clientelismo y corrupción. ¿Cómo afecta esta experiencia a la izquierda peruana?

Yo creo que la experiencia de este gobierno, sin claridad programática, sin ninguna reforma básica que pudiera darle alguna bandera de cambio social, de justicia social, va a golpear mucho a la izquierda, y más aún al sector de la izquierda autoritaria, como Perú Libre y otras organizaciones, que mantuvieron por más tiempo su apoyo al gobierno. Pero también a la izquierda democrática, que ha sido vacilante y no ha podido decir con claridad que, más allá de la presencia de una derecha golpista que existió desde el día uno de Castillo y ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas, era necesario marcar con claridad distancia con un gobierno con cero voluntad de transformación. Además de los mencionados signos evidentes de corrupción y de falta de capacidad para dar pasos mínimos en materia de salud y educación tras los efectos de la pandemia, uno de los peores de América Latina.

Pero también diré que si bien todo esto le va a pasar factura a la izquierda, no hay que olvidar que el Congreso, en manos de la derecha opositora que vimos actuar durante este tiempo, tiene niveles de rechazo cercanos a 90%. Estamos ante una profunda descomposición de la representación política en su conjunto. Lo que es riesgoso por la posibilidad de que crezcan supuestas soluciones autoritarias.

¿Cuánto puede favorecer esta situación a la extrema derecha, con figuras como el alcalde electo de Lima Rafael López Aliaga?

Yo creo que la extrema derecha tiende a sobredimensionar las cosas. Castillo se ha autovacado [autodestituído], y esto ha sido capitalizado provisionalmente por el Congreso. Pero no creo que la extrema derecha pueda sacar tanto provecho de este momento de crisis. Más bien, mi preocupación, diré con sinceridad, es que proyectos como el de Antauro Humala, que es una expresión autoritaria pero de signo diferente al de López Aliaga, autoproclamado etnonacionalista, puedan crecer en algunos espacios y territorios de Perú. [Antauro Humala propuso, por ejemplo, fusilar a los ex-presidentes corruptos, incluido su hermano Ollanta «por traidor»]

¿Qué se puede esperar de Dina Boluarte, a la luz de su perfil de vicepresidenta tan inesperada como Castillo?

La señora Boluarte ha dado un mensaje, al momento de asumir la Presidencia, llamando al diálogo nacional, a la construcción de un gobierno de unidad y ancha base, pidiendo una tregua política y comprometiéndose en la lucha contra la corrupción. Ella misma ha dicho que parte de los problemas se vinculan con la necesidad de una reforma electoral que aún está pendiente. Sin embargo, yo creo que la nueva presidenta y quienes piensan que esta sucesión constitucional generará algo más de estabilidad se están equivocando. Es difícil pensar que la mayoría de los peruanos acepten que este Congreso y Dina Boluarte se mantengan hasta 2026 como si nada. Mi impresión es que habrá movilización ciudadana en un contexto muy complicado: hay una sequía muy fuerte que afecta a parte del país, que genera mucho malestar entre los campesinos y agricultores, que ya se venían discutiendo la posibilidad de un paro… y además la derecha en el Parlamento, sectores como Fuerza Popular (fujimorista), Avanza País (con vínculos con el partido español Vox) o Renovación Nacional (López Aliaga) tienen una voluntad expresa de buscar también la salida de Boluarte. Sin bancada parlamentaria propia, sería ingenuo de su parte pensar que tendrá una gestión tranquila en relación con el Congreso. Boluarte haría bien en propiciar un diálogo sobre posibles reformas políticas y electorales que decanten en un adelanto de las elecciones. Es posible que no tenga luna de miel ni con el Congreso ni con la ciudadanía, por eso es importante abrir el diálogo hacia un adelanto electoral, que no será en los próximos tres meses, pero que debe abrirse paso.

En fin, como colofón diría que estamos en transición hacia nuestra próxima crisis. No creo que estemos solucionando la crisis, sino transitando hacia otra.